Por Miguel Angel Pedraza Jaimes, Abogado penalista
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Por lo general, los atentados contra la propiedad o el patrimonio económico son más frecuentes en esta clase de delincuencia, pero sorprende y causa perplejidad el desprecio por la vida ajena, así como la forma cruel, indolente y premeditada con la que se delinque y se mata.
Taxistas asesinados por jóvenes, buses asaltados por "tres malandrines", estudiantes atracados a las afueras de sus colegios, un muchacho mata a otro por robarle su celular o sus tenis, pandillas juveniles armadas, venganzas privadas entre bandas de barriada, muchachos drogadictos, en fin, ese es el cotidiano reporte de las autoridades, que cada vez más se asfixian y desesperan ante tan incontrolable criminalidad.
La estadística oficial reporta una reiterada comisión de crímenes por jóvenes entre los 14 y los 24 años, muchos de ellos que han pasado ya por centros de rehabilitación para menores y por la cárcel, algunos con varias recaídas y antecedentes vigentes.
Para esos jóvenes el delito es su forma de vida, desalentadora, sin futuro, pero también es su forma de subsistencia, no sólo por lo que pueden producir sus ilícitos, sino también porque la cárcel implica, a pesar de todo, techo y alimentación.
Esto es el reflejo de la degradación de la persona, pero a su vez es el reflejo de la descomposición social que padecemos, muchas veces ignorada por el Estado, también desestimada por quienes no sufren una consecuencia directa, y atendida con la represión penal.
Surge pues el binomio prevención y castigo, y el discurso estatal se ubica en la promoción de programas educativos, re-educativos, pedagógicos, o de promoción de estímulos.
Y en ese discurso también se anuncia el fomento del empleo, las oportunidades laborales, así como mejores condiciones de vivienda, alfabetismo y salubridad.
En contraposición está la amenaza de la pena mediante la judicialización del comportamiento delictivo y, por supuesto, el riesgo de cárcel.
Sin embargo, el problema y su solución hunden sus raíces en aspectos de la vida en sociedad que son distinguibles y diferenciables: la educación en la familia y en la escuela; la pobreza y la desocupación; el control policial, y el tratamiento penal.
En los primeros aspectos aparece el desorden y de ahí el acto delictivo; y en los otros aspectos surge una intervención estatal directa, expresada en la represión, por cuyo cauce se aparta al individuo de la sociedad al considerarlo peligroso ante la inminencia de una probable reiteración delictiva.
Así, el binomio prevención y castigo se convierte en un dilema para el Estado, sobre todo cuando son jóvenes delincuentes con perfiles incorregibles, porque atracan, asaltan y matan, amparados en su analfabetismo, en su abandono y su pobreza, pero conscientes de su proceder criminal por haber adoptado el delito como modo de vida y su fuente de supervivencia. Al lado está la droga y un amplio mercado de reducidores.
Ante un panorama tan sombrío, la ciudadanía atacada exige soluciones y pide respuestas efectivas, apareciendo como viables los controles policivos y judiciales.
De la Policía se demanda vigilancia, protección, y acción eficaz ante las bandas de jóvenes criminales; y de la Fiscalía se exige el encerramiento del criminal, así como de los jueces penales, una condigna sanción.
Y ahí también el Estado vuelve a quedar en su dilema, pues aunque a veces se captura al infractor por los cuerpos policiales, el aparato de justicia lo libera porque así lo ordenan normas penales y así lo impone el procedimiento.
Difícil encrucijada para la Policía , la justicia y la sociedad entera. Pero además, el llamado de alerta es para el legislativo en pleno, a propósito de una reforma legal al Código del Menor y el anuncio de aumento de penas y de nuevas exigencias para el otorgamiento de beneficios penales.
Y aunque desde el punto de vista criminológico y empírico está claro que el incremento de las penas no necesariamente disminuye la comisión de delitos, la realidad circundante de la delincuencia juvenil hace rato demanda la reducción de la menor edad en materia penal, de 18 a 16 años, reconociendo que un joven de 17 años atraca y mata conscientemente, como también es consciente de que no sale de su pobreza matando a un taxista por robarle treinta mil pesos.
También es necesario ese cambio para que jóvenes menores de 18 años dejen de ser utilizados y manipulados para favorecer las grandes mafias delincuenciales.
Gritos de cárcel y de castigo en frente de políticas de prevención, pero el problema crece y la ?bomba de tiempo? puede estallar. En la proporcionalidad del castigo penal y la eficacia de la prevención puede estar el punto intermedio, pero jamás tendremos seguridad si el hambre, la pobreza, la mala educación y la falta de oportunidades, y de paso la corrupción, perviven como plagas en la formación de la juventud. Aunque valga decirlo, también hay jóvenes hambrientos y pobres que no son delincuentes.
Volvemos al dilema y no parece que tengamos una respuesta concreta, pero lo que es peor, no sabemos qué hacer con esa clase de delincuencia.
