La justicia debe interesarles a los colombianos

Feb 25, 2008 | Institucional

Por Pastor Virviescas Gómez
Adolfo Salamanca Correa, el vicefiscal que puso a temblar al presidente Ernesto Samper Pizano por las investigaciones de la financiación de su campaña con dineros calientes del Cartel de Cali, estuvo en la UNAB el pasado 15 de febrero pero no para buscar pruebas que permitan reabrir el Proceso 8.000, sino con el propósito de jalonar la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz.
Recuperado del cáncer que en octubre de 2004 le destruyó la garganta y hablando con esfuerzo gracias a una prótesis que le implantó un médico holandés, Salamanca Correa afirmó que hasta el momento en Colombia no hay la primera víctima reparada materialmente. ¿La reparación va muy mal; está en ceros¿, precisó.
Luego escuchó con atención a un funcionario judicial horrorizado que denunció un ¿vacío escandaloso no tanto por deficiencia de las leyes, sino por las debilidades en su aplicación, porque se quiere tapar el sol con las manos¿.
Hoy como decano de Derecho de la Universidad Nacional e invitado por su par de la UNAB, Salamanca Correa vino acompañado por Álvaro Córdoba Caicedo, asesor jurídico de la Comisión Nacional de Reparación, y juntos ahondaron en el tema de la reparación ante unos 40 estudiantes, profesores, jueces y fiscales que acudieron a la cita en la Sala de Audiencias.

Usted afirma que el proceso de reparación ¿va muy mal¿ y cita el caso de los cinco millones de hectáreas que los paramilitares se apropiaron a sangre y fuego, de las cuales apenas han devuelto 2.200. ¿Entonces para qué ha servido la Ley de Justicia y Paz?
Es una realidad que tenemos que entender, valorar y tratar de cambiar. Justamente por eso todos estos esfuerzos de tantas entidades de Estado y de tantas personas que de alguna manera somos sensibles al fenómeno de la justicia en Colombia para poder modificar esas condiciones. La idea es que todos los operadores del sistema judicial hagan conciencia de que sí se puede avanzar, que sí hay mecanismos legales, que sí hay instrumentos para que todas estas organizaciones delincuenciales no se apropien de los bienes rurales y urbanos y de los dineros que son propiedad de todos los colombianos. Para eso es el proceso de Justicia y Paz.

Además le llama la atención a abogados, jueces y fiscales en cuanto a que no se hagan los desentendidos y apliquen el mandato de la ley.
Efectivamente. La idea es que todos hagamos conciencia de que sí hay posibilidades; otra cosa es que no se haga el esfuerzo, la indagación y la valoración suficientes para que se pueda en la realidad reparar a las víctimas no sólo desde el punto de vista patrimonial sino desde los demás aspectos que la ley contempla.

¿Hasta dónde este asunto está politizado y entonces atreverse a ir más allá de lo convencional es convertirse en enemigo del sistema?
No hay duda de que el tema está politizado e ideologizado, y eso no lo podemos impedir. Pero lo que nos interesa ahora es el tema propiamente jurídico y judicial, ver la manera de que estos procesos concluyan adecuadamente, de que en los incidentes de reparación se logre tantear las pretensiones de las personas que han sido afectadas y se les restituya de alguna manera no sólo la dignidad sino también el patrimonio que han perdido; eso es tarea de todos los colombianos. La justicia le interesa a la sociedad colombiana.

¿Los estudiantes y profesores de Derecho son conscientes de la responsabilidad histórica que están llamados a asumir o, por el contrario, tienen los pies en otro planeta?
Hay un gran desconocimiento del tema y una gran desmotivación. Y uno entiende, porque son temas gruesos, duros, penosos, sucios si se quiere, porque son sucias todas estas acciones que han llevado a la sociedad a este extremo. Nuestra presencia en la UNAB obedece al interés de motivar a estudiantes y profesores para que hagan conciencia de que este es un tema que interesa a los programas curriculares, también a los juristas en especial y que debe interesar a la juventud porque la construcción de la institucionalidad y de la civilidad dependen de estos muchachos que están apenas comenzando a ejercer su profesión.

A un veterano de mil batallas en los estrados, ¿qué sensación le produce ver que después de una audiencia donde un paramilitar reconoce la comisión de 100 crímenes, entre otro y admita haber masacrado a 200 o más?
No hay duda de que este es un episodio muy doloroso de la historia reciente de nuestro país; por eso la importancia de que se sepa lo que pasó, de que las personas afectadas puedan acceder al aparato judicial y de que los propios delincuentes reparen a sus víctimas. Eso es lo que queremos hacerle entender a los universitarios que no conocen muy bien la historia de Colombia y que son los responsables que a futuro no se repitan cosas tan terribles y dolorosas como esas.

La fórmula dice: verdad, justicia y reparación. ¿Nos podemos creer ese enunciado o es apenas una ilusión?
Eso hay que construirlo. La verdad es tratar de saber lo que realmente pasó, y para eso está el Estado. Que las personas accedan al aparato judicial y se les respete sus derechos también es una posibilidad. Y, tercero, la reparación porque los delincuentes son los primeros obligados en reparar y el Estado tiene la capacidad y los instrumentos para obligarlos a reparar.

¿Aún con ¿fiscales de bolsillo¿, como ha sido denunciado por los mismos servidores de la justicia?
Se trata de que cada uno cumpla su papel y la Procuraduría es uno de los organismos que mayormente están obligados a ser vigilantes y representantes de la sociedad.

¿Tiene alguna presentación ante la comunidad internacional que el peor de los criminales pague a lo sumo ocho años de cárcel pese a haber cometido crímenes de lesa humanidad?
Este es un experimento que nos toca empezar a asimilar por una razón: ante la imposibilidad del Estado de establecer la verdad, este tipo de procedimientos especiales que ya están legitimados porque son leyes del Estado avaladas por la Corte Constitucional, nos toca aceptar que es una realidad que van a pagar muy poco; pero es preferible que paguen poco a que no paguen nada. Y es preferible que se sepa la verdad, antes que buscar mayores sanciones, porque de lo contrario la tragedia se repetirá.

Por la masacre de funcionarios judiciales en La Rochela (Bajo Simacota), cometida hace 19 años por paramilitares en complicidad con militares y dirigentes políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano y le ordenó además de una retribución económica, una reparación simbólica consistente en una placa con los nombres de las víctimas y que se dicte una cátedra para que el país recuerde qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué le cuesta tanto al Estado reconocer ese ¿matrimonio¿ entre miembros de las Fuerzas Militares, autoridades civiles, empresarios, dirigentes políticos y paramilitares?
Eso es lo que se llama en el lenguaje de hoy la reparación simbólica, y es  mucho más trascendente que la sociedad sepa qué fue lo que realmente pasó y quiénes fueron los responsables, a que se les indemnice patrimonialmente a las víctimas. Al Estado le cuesta reconocer porque aún subsisten vínculos entre el Estado y esas organizaciones criminales, y por eso la dificultad de que se acepten esos nexos y la condena impuesta por las autoridades judiciales internacionales.

Si Macaco, Mancuso, Don Berna y los demás comandantes paramilitares no ponen un peso o salen con camionetas viejas y tierras estériles, ¿el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo y reparar?
Está muy claro ya por decisiones jurisprudenciales y por la misma Ley que el Estado es subsidiariamente responsable en la medida en que no lo hagan los propios victimarios.

¿Qué parte de estos criminales se están cobijando en la Ley de Justicia y Paz para ¿sacarla suave¿?
Buena parte de la filosofía que inspira esta norma es que haya un alto grado de perdón y olvido, pero no tanto como para que no se sepa lo que pasó y no tanto como para que las víctimas no puedan acceder a los procesos.

¿Si la Fiscalía no hace la tarea, debemos esperar a que los tribunales internacionales lo hagan?
Eso sí que está muy claro: si el Estado colombiano en su conjunto no cumple el papel, lo van a cumplir las organizaciones internacionales de justicia.

¿Qué lo alienta a meterse en estos líos y que de pronto algún fanático la emprenda contra usted o diga que está siendo manipulado por la guerrilla?

La misma razón que nos ha animado a trabajar por el derecho, por la justicia, por la legalidad, por la honradez en los procedimientos, y esto va íntimamente ligado a nuestro ejercicio profesional de tantos años.

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