Por Sergio Augusto Sánchez
ssanchez7@unab.edu.co
En las últimas décadas, el Instituto del Seguro Social ha sido el punto de referencia para medir el estado de la salud en Colombia. Por eso a los colombianos les preocupa el deterioro en el servicio y las falencias en la atención al usuario que se evidencian en Santander y en cualquier región donde se encuentra esta Empresa Prestadora de Servicios, EPS.
La semana pasada, las quejas de los usuarios de la Clínica San Pedro Claver de Bogotá (la Empresa Social del Estado, ESE, más grande del país) llegaron al tope y agudizaron la crisis. El sistema actual de salud está en cuidados intensivos y por eso, el Ministerio de Protección Social estudia una reforma a la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de Seguridad Social.
El pasado viernes 21 de julio fue encargado de la Gerencia de la EPS Seguro Social, seccional Santander, Medardo Faber Mejía Palomino y desde Bogotá se envió el dinero correspondiente al presupuesto por 800 millones de pesos, que estaba pendiente para la contratación de servicios con entidades privadas y hospitales, a fin de atender a los usuarios.
Las críticas coinciden
En Bucaramanga, Rosalba Urreo, usuaria del Seguro Social, critica la falta de sensibilidad de los funcionarios, quienes se tornan fríos e indiferentes ante la enfermedad y la muerte.
Tampoco entiende por qué, si ella paga a tiempo, cuando solicita servicios le responden que “no hay contrato, váyase a dormir”, y si pide medicamentos, el Plan Obligatorio de Salud, POS, no cubre todos los indispensables, y los que sí tienen cobertura (todos genéricos), se encuentran agotados la mayor parte del tiempo en las farmacias de la entidad.
Para Juan*, un funcionario del Seguro Social Santander, que solicitó expresamente la reserva de su nombre, por temor a ser desvinculado de la entidad, gran parte de la desgracia de la EPS Seguro Social es culpa de los médicos que formulan por fuera del POS y de los laboratorios multinacionales de medicamentos que pagan comisión a los profesionales de la salud, si éstos formulan sus productos.
Juan también responsabiliza a los abogados de algunos usuarios que rondan como aves de rapiña las instalaciones del Seguro, en busca de algún caso que represente ganancias considerables, sin importar que la EPS se desangre, poco a poco, en demandas judiciales, algunas válidas y necesarias, otras faltas de consideración, en su concepto.
El presidente de la Asociación Médica Sindical, Asmedas, el cirujano plástico, Miguel Reyes Guerrero, ve el problema en la Ley 100, que hasta el momento no ha cumplido con todo lo que prometió. Señala además, que existen presiones por parte de las EPS, al despedir a profesionales “a diestra y siniestra”, si se atreven a formular medicamentos que no estén en el POS (así sea necesario), lo que podría generar una demanda a la EPS. También se queja de que que las empresas pagan salarios “desconsiderados”.
La Corporación Liga de Usuarios y Solicitantes del Sistema de Seguridad Integral Luisa, en cabeza de Enrique Guarín, habla de la “politiquería” que rodea al Seguro Social.
Ellos critican la corrupción, los intermediarios entre las EPS y el Estado, los problemas para reinvertir el dinero en el mejoramiento de la salud en Colombia, y el abandono que se les da a los pacientes, que termina a veces en los famosos “paseos de la muerte”, o en las “listas de espera”. La posición de estas organizaciones es que “en Colombia se muere más gente por el sistema incompetente e interesado que maneja la salud, que por causas violentas”.
El último intento del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez por reformar la Ley 100 se cayó en la legislación que terminó el 19 de junio pasado, por lo que ahora, los parlamentarios tienen el reto de sacar adelante una reforma que cambie drásticamente la historia de los servicios de salud para los colombianos. La hoy presidente del Senado, senadora Dilian Francisca Toro prometió pasar un proyecto ante el Congreso para lograr dicho cambio.
Los pacientes esperan impacientes
Sobre la calle 35, entre carreras 16 y 17, en el edificio José Acevedo y Gómez, sede administrativa del Seguro Social en Bucaramanga, a las siete en punto de la mañana, la fila para acceder a las oficinas cuenta con más de 80 usuarios afiliados y, media hora después, se permite el ingreso de los pacientes a las instalaciones.
“Esto es un largo proceso”, declara Rosalba Urreo, a quien le diagnosticaron glaucoma hace catorce años, y emprende el recorrido de las setenta y seis escaleras para radicar una orden para un examen. “Yo admitía estas colas en el Hospital Ramón González (ahora Hospital Universitario de Santander), porque lo atendían a uno por caridad”.
Los trámites extensos y las largas filas hacen que, tanto funcionarios como usuarios pierdan a menudo la compasión, sobre todo cuando la fila no la quiere respetar nadie. “El otro día hubo un herido, la gente se amontonó y partieron un vidrio. Esto es de lo peor, yo además sufro del corazón, y estas colas hacen que me preocupe demasiado”, comenta Urreo.
Cuando por fin es atendida, a las 9:30 a.m. “Menos mal hoy sí había contrato para que me hagan los exámenes en otros laboratorios, porque a veces uno hace esta fila en vano y le toca volver después”. Es 6 de julio, y se alegra de que le hayan programado los exámenes médicos para el próximo 14 de agosto.
La crisis desde adentro
“Se llevaron la carne y nos dejaron el hueso”, declara Juan*, el funcionario del Seguro Social. Agrega que “las EPS privadas retiraron a los usuarios productivos (hombres y mujeres de los 30 a los 45 años), y en el Seguro Social se quedaron todos los pacientes de alto costo (enfermos de VIH, cáncer, e insuficiencia renal).
El otro problema – agrega – es que los hombres y mujeres de la tercera edad, cotizan salud con un salario mínimo. De los 224.000 usuarios inscritos en Santander, el 60% cotiza un salario mínimo”.
“Al Seguro le cuesta cumplirle a la gente, porque la mayor parte del presupuesto se va en los pacientes de alto costo que demandan a la institución… lo peor es que la mayoría llega cuando ya sus enfermedades están demasiado avanzadas. Hace falta invertir en prevención, y en educación a los usuarios, porque muchos no han entendido la necesidad de una citología o un examen de próstata que podría salvarles la vida y ahorrarle gastos al sistema de salud”, enfatiza Juan*.
Los intereses económicos no pueden estar por encima de la ética
“Los principales problemas del Seguro Social en Bucaramanga, específicamente de la Clínica Comuneros (ESE) tienen que ver con la falta de presupuesto, esto impide la actualización tecnológica y el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para brindar un servicio que cubra los requerimientos de los usuarios”, explica el médico Reyes Guerrero.
Él sostiene que “el médico debería formular lo que considera necesario para el paciente, sin importar si los medicamentos están incluidos en el POS o no. La ética médica está por encima de cualquier cosa en esas situaciones”.
Sin embargo, las EPS tienen auditores que aprueban o reprueban lo que se formula, por eso no debe extrañarle a un paciente, si el médico que lo trata le dice que ‘la droga que necesita no la cubre el POS’, y le pide que escriba con su letra los nombres de los medicamentos que requiere.
“Hemos visto que la Ley 100 de 1993 no ha cumplido con los conceptos que maneja de universalidad, equidad y calidad. Tampoco se ha atendido la cobertura como se anunció, pues existe un grupo de no asegurados de aproximadamente el 40% de la población colombiana. La verdad es que, desde hace 13 años, salud pasó de lo social a lo comercial… se convirtió en un negocio”.
La Liga de Usuarios no come cuento
“La corrupción se apoderó del Seguro Social, el dinero se pierde en intermediarios, se han incrementado los valores de la cuota moderadora y de los copagos, por un servicio cada día más deteriorado”, manifiesta Enrique Guarín, presidente de la Liga de Usuarios, Luisa, orientada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Guarín añade que “con el Decreto 1750 de 2003 firmado por el presidente Uribe, se trasladó la Gerencia General de la ESE Francisco de Paula Santander a Cúcuta, con el supuesto de mejorar el servicio. Ahora todo se maneja desde esa ciudad, sin importar que Bucaramanga sea la ciudad más importante en atención hospitalaria del oriente colombiano”.
Por último, recuerda la venta, en abril de 2005, de la Clínica Cañaveral que pertenecía al Seguro Social, según la Resolución 1254. “Nosotros solicitamos a la Procuraduría que investigara la venta de la Cañaveral, porque el Seguro invirtió varios miles de millones de pesos en su compra y adecuación, y después del Decreto 1750, Cúcuta la vendió a una EPS privada a un precio menor”.
¿Qué le espera al Seguro?
El nuevo gerente encargado de la seccional Santander del Seguro Social, Medardo Faber Mejía Palomino, se dirigió a Bogotá para presentar sus proyectos, en beneficio de la seccional, ante la Vicepresidencia de la EPS Seguro Social, pero antes de su viaje autorizó a la Oficina de Comunicaciones a responder inquietudes sobre el tema de medicamentos y contratación de servicios.
“Acaban de llegar medicamentos de alto costo que permitirán atender a los pacientes que así lo requieran”, explicó Carlos Alberto Suárez, comunicador del Seguro en Santander. Agregó, que se cuenta además con un presupuesto de 800 millones de pesos que permitirá la realización de contratos con hospitales y entidades del sector privado que le puedan prestar atención a los usuarios del Seguro, tanto afiliados como beneficiarios, en aras de mejorar el servicio.
Aunque la seccional del Seguro en Santander recibió recursos y por ahora está en capacidad de responderle a los usuarios, a los entrevistados por 15 les preocupa que las soluciones sean de momento, “paños de agua tibia” y por eso coinciden en la urgencia de llevar a cabo “una reforma a fondo de la Ley 100 de 1993” o, en el caso de la Liga de Usuarios: “la derogatoria de dicha ley, y la creación de una nueva con verdadero carácter social”, con el fin de que el futuro de la salud en Colombia deje de ser incierto.
