El CAV, que está ubicado en el primer piso del edificio de la Fiscalía en Bucaramanga (carrera 19 con calle 25), es respaldado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
A la inauguración del Centro, ocurrida el jueves 8 de julio, asistieron entre otros Paul Vaky, director del Programa de Reforma a la Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Virna Santos, fiscal federal de Estados Unidos; Orlando Muñoz, gerente del Programa de Justicia de Usaid; Fernando Pareja, vicefiscal general de la Nación, y la directora de la Fiscalía seccional Santander, Elecsa Paredes.
El CAV será atendido por estudiantes de últimos semestres de Derecho de la UNAB y la Universidad Santo Tomás de Aquino, bajo la coordinación de la fiscal Madeleine Pérez Ojeda.
“El objetivo del Centro es brindarle el mejor tratamiento a la víctima. Hasta hoy las víctimas han tenido que hacer muchas vueltas para saber dónde está el proceso, para saber que trámite hay que darle y si puede participar en el proceso penal. Lo que vamos a hacer es darle toda la información que necesita evitando una revictimización y apoyándole en un proceso psicojurídico para los derechos de la verdad, reparación y justicia”, explicó Pérez Ojeda.
Dijo que el CAV solo atenderá a víctimas de justicia ordinaria, porque los de Justicia y Paz tienen su propio centro de atención. Añadió que en la iniciativa juegan un papel importante los estudiantes, porque “son el apoyo jurídico, son los que sirven de puente entre el fiscal y la víctima para que no tenga que acercarse a los procesos a hacer trámite. Son aproximadamente 15 estudiantes de Derecho, Psicología y Trabajo Social”.
María Elena Duarte de Hernández, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad, manifestó que inicialmente en el CAV trabajarán siete estudiantes de Derecho y uno de Psicología de la UNAB.
“La labor de los estudiantes de Consultorio Jurídico será la de velar por la eficaz atención de las víctimas de los distintos delitos ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga, realizando un acompañamiento constante, construyendo un canal de comunicación sólido con el fiscal delegado para cada caso e iniciando el respectivo incidente de reparación integral”, señaló Duarte de Hernández.
Por su parte, el vicefiscal general de la Nación sostuvo que en el Centro las víctimas y sus familiares recibirán atención psicológica, jurídica, asistencia judicial y asesoría en términos económicos para obtener reparación física a los daños recibidos y compensaciones económicas cuando no se pueda hacer la reparación de los derechos afectados directamente.
Sobre el CAV, el defensor del Pueblo de Santander, Dílmar Ortiz Joya, afirmó: “Es significativa esta iniciativa que emprendió la Fiscalía con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, porque los esfuerzos que se hagan a favor de las víctimas deben ser integrales, apoyados en el trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado. En el país hay una infinidad de víctimas: por desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, delitos comunes, etc. que una sola institución no da abasto para atender. En la Defensoría por ejemplo, atendemos a diario entre 50 y 60 personas afectadas por delitos de toda índole, entonces por eso es plausible la creación de este Centro por parte de la Fiscalía”.
Frente a la posible apertura de centros similares en otras regiones del país, Paul Vaky, director del Programa de Reforma a la Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, manifestó que ese es el objetivo tanto de la Fiscalía como de su Gobierno.
“Mientras haya plata, tengan la seguridad de que abriremos nuevos centros. Queremos introducir el concepto de oficina de asistencia dentro de la Fiscalía, como sucede en Estados Unidos, donde notamos que los fiscales en un sistema acusatorio tienen la responsabilidad de ayudar a las víctimas y además vincularlas al proceso”.
