Por Camilo Slivera
csilvera@unab.edu.co
Con el objetivo de reparar simbólica, económica y judicialmente a miles de viudas, huérfanos y familiares de víctimas de los paramilitares se instauró en octubre la primera comisión que velará por implementar procesos de reparación a las víctimas del conflicto: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Para investigar los delitos de los 21.800 paramilitares desmovilizados hasta ahora, la ley de Justicia y Paz reglamentó adicionar a la planta de personal, entre otros cargos, 20 fiscales delegados ante el Tribunal. Es decir, en la etapa de versión libre que todos los reinsertados deben rendir ante la justicia, a cada fiscal le tocaría llevar 1.090 procesos. Sin embargo, se presenta una situación extraña: hoy, según Patricia Buriticá, integrante de dicha Comisión, sólo hay en curso 200 procesos.
15 conversó con Ana Teresa Bernal y Patricia Buriticá, dos de los 13 de las integrantes de la Comisión, con el fin de indagar sobre lo que se espera de ella. Ellas estuvieron en Bucaramanga invitadas por Redepaz y la Corporación Arco Iris y hablaron dentro de la Semana del Periodista, a comienzos de febrero.
Se anunció como gran logro del proceso de paz con los paramilitares el establecimiento de esta Comisión. ¿Qué logros tiene hasta el momento?
Ana Teresa Bernal: Ha logrado ponerse de acuerdo en unos puntos de consenso para la construcción de un norte de la Comisión: va a ser un órgano autónomo e independiente que va a propender por el cumplimiento de sus funciones de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, la realización de un informe para empezar a construir una verdad colectiva del por qué del surgimiento de los grupos al margen de la ley. Otra de función es el establecimiento de la Comisión de Restitución de Bienes, así como llevar a cabo un seguimiento y verificación de los procesos de desmovilización.
Patricia Buriticá: Es la primera Comisión que de esta naturaleza se establece en el país y desde ahí puede verse como un gran logro. Hasta ahora el trabajo ha sido lograr que las organizaciones de víctimas nombren sus representantes. Por otro lado, está empezando a pensar en cómo diseñar un Programa Nacional de Reparación, así como el trabajo en el sistema de atención integral a víctimas. Además, la Comisión debe ser capaz de producir legislación, ese es un objetivo a largo plazo.
¿Qué es verdad, justicia y reparación?
Ana Teresa Bernal: Es el derecho que tienen las víctimas para dignificarse como sujetos de derecho y así poder hacer parte de una sociedad de manera integral.
Patricia Buriticá: Es un proceso largo y complejo construido con las víctimas. Para el caso de la reparación es fundamental comenzar a exigir a los victimarios la entrega de bienes para garantizar una reparación justa. Este punto ha sido un problema: los paramilitares no han querido entregar todos los bienes. Hay que empezar un proceso de recuperación de esos dineros.
¿Cómo ha sido la participación del Gobierno, ha habido disposición hacia la Comisión?
Ana Teresa Bernal: Hay miembros del Gobierno con mucha disposición. El vicepresidente de la República, el director de Acción Social, la viceministra de Justicia son personas que han mostrado una fuerte disposición para que la Comisión cumpla su tarea.
Patricia Buriticá: Creo que todavía no le ha dado la importancia que merece. El año pasado se asignaron unos recursos y estos no han sido desembolsados aún. Creo que la Comisión ha sido vista por el Gobierno como algo simbólico. Siento falta de compromiso.
¿Cómo se va a llevar a cabo la reparación económica de las víctimas?
Patricia Buriticá: Tiene dos vías: la judicial, donde el juez impondrá las sanciones económicas pertinentes al victimario con respecto a la víctima. La segunda es la reparación por vía colectiva, donde la Comisión debe trabajar por garantizar el proceso.
En Colombia puede haber hasta 10 millones de víctimas, entonces si no se puede reparar económicamente a los 10 millones tiene que verse cómo se les va a reparar. Creo más en los programas colectivos, como el que surgió en Chile, donde las mujeres que perdieron a sus familiares fueron indemnizadas con pensiones vitalicias. Esta experiencia tiene mayor cubrimiento y efectividad.
Se espera que los dineros provengan de la entrega de bienes y de ayuda internacional. Además, nosotros mismos, con nuestros impuestos, contribuiremos con el proceso de reparación.
Ana Teresa Bernal: La reparación no es sólo indemnización, tiene otros componentes como la restitución, la no repetición de los casos. Lo fundamental es que la víctima logre reconstruir su dignidad.
¿Cómo se garantizará la verdad?
Ana Teresa Bernal: Hay un proceso que se va a llevar a cabo con los desmovilizados que empieza con la versión libre que rinden. Si usted es un desmovilizado y cometió dos masacres, si no confiesa cuando llega a la versión libre será la justicia ordinaria la que lo juzgue, en cuyo caso la pena podría ser de 40 a 60 años de cárcel.
Para el caso de quienes confiesen, la Ley de Justicia y Paz les da el beneficio de pagar sólo de 5 a 8 años de prisión (por esos mismos delitos). El dilema está planteado para quienes se desmovilicen: o confiesa y se acoge a los beneficios, o miente y en caso que se compruebe que mintió será juzgado con la rigurosidad de la ley.
Patricia Buriticá: La verdad colectiva e histórica debe ser un propósito nacional. Yo no diría que puedo garantizarla pero me comprometo a trabajar por ella.
¿Cómo se garantizará la justicia?
Patricia Buriticá: Lo primero es convocar a las víctimas a denunciar. Hay delitos que no están denunciados. Si no hay denuncias no hay procesos. A los desmovilizados que se les encuentren culpables de delitos atroces habrá cárcel. El problema ha sido individualizarlos porque, por ejemplo, si a Mancuso se le comprueba que estuvo implicado en una matanza, ¿usted cree que sus subordinados se van a acusar entre ellos mismos? Ese esclarecimiento real de los hechos es muy complicado.
Ana Teresa Bernal: Si hay garantías de verdad hay posibilidades de justicia. Hay quienes critican la ley porque consideran que es muy laxa, ya que para una persona que cometió un crimen atroz y que se le aplique de 5 a 8 años de prisión es muy poco. Eso puede ser cierto. El problema es cómo lograr la desmovilización de estos grupos si se les ofrece 20 años de cárcel. Obviamente no se van a desmovilizar con una pena como esa.
¿Puede afirmarse que para la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación hay más incertidumbres que certezas?
Ana Teresa Bernal: Es cierto. Aunque hemos ido avanzando puede decirse que hay muchas incertidumbres.
Patricia Buriticá: La dificultad que tiene esta Comisión es que trabaja en medio del conflicto. Es difícil, por ejemplo, garantizar que la población que ha salido del conflicto o que ha sido reparada no vuelva a ser víctima de otros actores armados. Esas garantías las debemos construir todos con ayuda de todos.
