Por Miguel Ángel Pedraza Jaimes
Abogado en Derecho Penal
Con alardes de reforma, innovación y remedio para la crisis de la justicia penal y sus altos índices de impunidad, se implantó en Colombia el famoso sistema acusatorio o sistema de acusación penal, a partir del cual el proceso penal se torna ágil, dinámico, de juicios orales y públicos, y se convierte en modelo a seguir en la protección de las garantías procesales de índole constitucional.
Así, en el discurso oficial se habló del proceso penal acusatorio como el llamado a descongestionar los despachos judiciales, el que se fortalece en la investigación y a la vez protege los derechos del sindicado, el que garantiza la imparcialidad judicial, el que le otorga status procesal a las víctimas, y habrá de generar seguridad en la ciudadanía para retornar la confianza en la institucionalidad de su sistema de justicia criminal.
De tal forma, a la sociedad entera se le hizo partícipe de aquella idea en donde, a partir de la reforma judicial penal y la entrada en vigencia del sistema acusatorio, una nueva justicia -eficiente y rápida pero garantista- habría de encargarse de la investigación y sanción de los delitos y del condigno castigo de los delincuentes.
Aunque para nadie resulta desconocido que el anterior Fiscal General de la Nación era públicamente limitado en sus conocimientos del derecho penal y procesal penal, de cualquier manera con su grupo de asesores se dio a la tarea de promover la reforma y ofrecer para Colombia moldes de justicia americana, así en últimas la ley procesal expedida resultara informada por legislaciones de otras varias latitudes.
En fin, que con triunfalismo y redención puso en marcha el Sistema Penal Acusatorio, incluso bajo la extraña forma de una implantación gradual y sectorizada, vale decir, primero en Bogotá y el Eje Cafetero y luego progresivamente en el resto del país.
Curiosamente ante la novedad, todo el gremio de penalistas empezó a hablar y a teorizar sobre el sistema acusatorio, y la sociedad comenzó a notar que al ‘raponero’ se le condenaba en el término de 7 días después de su captura, y que al ‘jíbaro’ se le sancionaba a los 10 días. Semejante progreso era asimilado, engañosamente, con el de las sociedades industrializadas.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la propia celebración de juicios penales bajo la égida del nuevo sistema, el penalista serio y la sociedad vigilante han empezado a notar las falencias de ese modelo acusatorio, las miserias de su funcionamiento, la falta de preparación de los funcionarios y la constante improvisación de sus propios intervinientes.
El sistema se ha ido quedando con el ‘raponero’ y con el ‘jíbaro’, también con el que porta un arma de defensa personal y con el homicida capturado en flagrancia, pero por ninguna parte se advierte la presencia de la justicia penal acusatoria en la corrupción administrativa, en las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos, y menos frente a los reconocidos grupos armados al margen de la ley. Con todo ello, el sistema se reconoce y se justifica en su estadística, paradójicamente, con las investigaciones por el ‘robo de celulares’.
No debe ser secreto que las alarmas están prendidas y que no en vano el nuevo Vicefiscal General ha anticipado el colapso del Sistema Penal Acusatorio si no se destinan los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y si no se capacita debidamente a los servidores del sistema. Afanes que van de la mano del cambio en los roles culturales de la ciudadanía, bastante difíciles de alcanzar por cierto, en un país polarizado políticamente y caracterizado por la violencia, la insalubridad, el analfabetismo y la pobreza.
El asunto, en verdad, es para meditar y reflexionar con seriedad y criterio recto pues urgen decisiones antes del fracaso, y de cualquier manera, antes que la historia se encargue de responsabilizar a quienes sin escrúpulo académico y de espaldas a la realidad nacional profundizaron la crisis del aparato de justicia penal y defraudaron a la sociedad con discursos no viables y no justos para Colombia.
