Por Diana C. León D.
dleon2@unab.edu.co
Pero la situación no es distinta en Santander y los bajos reajustes salariales los padecen también bumangueses, debido a las nuevas formas de contratación laboral que están asumiendo las empresas para flexibilizar las condiciones laborales que exije la ley, con lo cual quedan eximidas de ofrecer garantías a los trabajadores.
Un informe publicado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hecho en las 13 principales áreas metropolitanas del país, revela la preocupación por el aumento de formas de contratación que debilitan las relaciones laborales y la incapacidad de las empresas para generar empleo a la misma velocidad que aumenta la mano de obra, lo que fomenta la informalidad.
Según este informe, en el trimestre abril-junio del año pasado el 58,5% del total de trabajadores se consideran informales en Colombia.
Asimismo, la subcontratación laboral ha crecido desde 2002 en un 4,6%, ubicándose en el ultimo año en un 12,2%, según la investigación El trabajo no regulado y la calidad del empleo que realiza el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad de la Universidad Externado de Bogotá.
Esta subcontratación actúa como un filtro que lleva a varios empleados a perder su seguridad social (pensión y salud), pues ahora son contratados por cuenta de cooperativas de trabajo asociado (CTA).
Panorama de las cooperativas de trabajo asociado
Pablo R., es un ilustrador bumangués que trabajó cinco años en una empresa con un contrato a término indefinido y por eso contaba con las garantías laborales.
A raíz de la flexibilización laboral que empezó a implementar el gobierno, la empresa lo liquidó y le puso la condición de que si quería seguir trabajando, tenía que afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado. En la nueva organización no recibió la capacitación en cooperativismo y ningún beneficio por pertenecer a ella. Tampoco conoció a sus ‘socios’ y su jefe inmediato era el mismo gerente de la empresa en que trabaja. Ahora no cuenta con garantías laborales ni de seguridad para su vejez.
Durante lo que va corrido del año, el Ministerio de la Protección Social ha sancionado 118 CTA de 961 que fueron investigadas, por un total de 419 millones de pesos en multas, por no cumplir los fines para las cuales se crearon.
A pesar de que ahora hay proliferación de CTA, este no es un tema nuevo porque, ya desde hace unos 40 años, se había creado la primera de estas cooperativas de trabajo asociado: Pollos Vencedor.
En 2004 la Superintendencia de la Economía Solidaria tenía registradas 1.593 CTA, de ellas 187 funcionaban en Bucaramanga. Para finales del 2005 había 1.430 y de ellas, 119 estaban en esta ciudad.
El problema más complejo es que existe una diferencia grande entre cooperativas que rinden información a la Superintendencia Solidaria y las que están registradas en el Ministerio de la Protección Social, mediante la expedición de la resolución de los regímenes de trabajo asociado, de compensación y de seguridad social. En sólo Santander hay más de 500 avaladas por el Ministerio.
“Lo que ocurre es que entonces no se rinde real información y las CTA cambian de dirección muy seguido, lo que significa que priman las fantasmas, es decir, sin datos verificables para poder ejercer un control”.
“Por eso –agrega- en algunas poblaciones la gente no cree en las bondades del Cooperativismo, no porque no sea bueno, sino porque se ha usado para intereses personales”, afirma Myriam Lozano, coordinadora del Consultorio Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual trabaja en convenio con la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Preocupa la pérdida de principios
Para la Federación de Empresas del Oriente Colombiano (Confecoop Oriente) la cantidad de CTA que se han creado en los últimos cuatro años llama la atención, pues del número total de cooperativas agremiadas, el 70% son de trabajo asociado. Entre ellas figuran algunas de recicladores, vigilancia privada, médicos, enfermeras, entre otros.
“Se estaba presentando la situación de que las empresas se hacían llamar así para cualquier cosa. Se hizo habitual entre los empleadores decir que, mediante incorporación de empleados a través de CTA se evitaban problemas”, afirmó Wilson Pardo Estévez, director ejecutivo de Confecoop Oriente.
La desregularización de las CTA se presenta de diversas formas. Por un lado hay cooperativas que desde su creación realizan todos los trámites legales que se requieren, pero empiezan a no funcionar bajo principios de solidaridad, desde el momento en que son manejadas por un grupo en el que no participan los trabajadores y tampoco hacen parte de los procesos de elección de cuerpos directivos.
Por otro lado, existen cooperativas que vinculan a personas bajo la figura de trabajo asociado, sólo para servir como intermediarias del servicio de salud y otras realmente funcionan como empresas de servicios temporales, pero con fachada de cooperativas.
Pardo Estévez dice que le inquieta cuando va a supermercados y encuentra muchachos que tienen un letrero que dice: ‘precooperativa de trabajo asociado’.
“Yo les pregunto cuándo tienen la asamblea, y contestan que no saben, tampoco conocen los regímenes ni estatutos. Lo que hay detrás es un manejo terrible de la ignorancia de las personas”. Pardo Estévez reconoce que sí hay cooperativas que tienen claros sus principios de trabajo y que “realmente están aportando al desarrollo de la región” como lo es la Cooperativa de pensionados de la Electrificadora de Santander (Coopenessa).
¿Dónde quedan los derechos laborales?
Los principios de economía solidaria que rigen a las CTA crean en los socios la mentalidad de empresarios, dueños de su fuerza laboral, y con propias fuentes de ingresos.
Pero cuando esta figura de trabajo asociativo se distorsiona y la cooperativa pasa a hacer intermediación, los empleados no tienen ninguna garantía, puesto que las CTA funcionan con los principios y normas que unos pocos establecen y no bajo las leyes que rigen el Código Sustantivo de Trabajo, que sí deben cumplir las empresas que contratan directamente a sus empleados.
Los analistas del tema de Cooperativismo coinciden en que el modelo solidario es la mejor dinámica que puede impulsar el desarrollo del país, pues estimula la creación de empresas y la generación de trabajo, mas no empleo. Además reduce el índice de trabajos informales. Sin embargo, piden que se ejerza control para no llevar a engaños a los trabajadores que no se benefician de una cooperativa.
Para el abogado laboralista, Eduardo Pilonieta, esta situación trasciende más allá del terreno de la legalidad o formalización del trabajo en el país, pues según él, Colombia todavía trabaja con contratos rígidos en un mercado flexible propiciando desde las leyes el crecimiento de trabajos informales.
“Tenemos que definir si queremos que haya trabajo o buscamos que haya derechos al trabajo. Si queremos derechos, el 90% de las empresas en Colombia habrá que cerrarlas porque la gente no puede pagar la cantidad de requisitos que le ha impuesto la ley al nuevo modelo laboral y la gente no puede pensar que uno puede contratar a alguien por 700 mil pesos con todas las garantías, incluidos los impuestos al salario para poder generar empleo”, sostiene Pilonieta.
