Por Pastor Virviescas Gómez
Ciñéndose estrictamente al documento de 82 páginas, la directora (e) de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la peruana Carmen Rosa Villa, dio a conocer el balance del año 2005 en esta materia en Colombia, en el que sobresale “la persistencia de graves infracciones por parte de miembros de los grupos armados ilegales, en particular por las Farc-EP y las Auc”.
Bajo esa categoría, según la ONU, se arropan ataques indiscriminados, amenazas, torturas, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual contra mujeres y niñas, e irrespeto de la misión médica.
En la presentación, llevada a cabo en la Sala de Audiencias de la UNAB, Villa señaló que la Farc-EP y el ELN continuaron con la siembra de minas antipersonal, que especialmente afectan a víctimas civiles, y soldados.
Los grupos paramilitares –prosiguió–, incluyendo los comprometidos en el cese de hostilidades, fueron responsables de homicidios tanto individuales y selectivos como colectivos, cuyas víctimas fueron en particular líderes comunitarios e indígenas, políticos y autoridades locales.
Al referirse a la llamada Ley de Justicia y Paz, que ha permitido la desmovilización de más de 30.000 personas que se identifican como paramilitares, el texto denuncia que “no reúne los elementos esenciales para ser compatible con las obligaciones internacionales y evitar la impunidad. No incluye mecanismos adecuados para hacer efectiva la contribución de la persona desmovilizada para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
También denuncia que “continuaron existiendo violaciones de derechos humanos por la acción u omisión de servidores públicos en conductas perpetradas por paramilitares”, y agrega que “la situación de pobreza, que afecta a más de la mitad de los colombianos, y en particular a los grupos étnicos, las mujeres y la niñez, muestra los altos grados de inequidad, reflejados en el acceso y goce de los derechos a la educación, a la salud, al empleo y a la vivienda, entre otros”.
“Los grupos armados ilegales no han cumplido con la recomendación de liberar, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas tomadas como rehenes”, subraya el documento.
En cuanto a la Fuerza Pública, el informe afirma que se puso en evidencia el “insuficiente examen previo… de las operaciones militares por parte del mandos del Ejército en la planificación y en las órdenes operativas”, afectando a personas y bienes civiles, así como la utilización de niños como informantes.
En los grupos de población afectados, el informe de la Alta Comisionada precisa que durante el año pasado “las amenazas –contra periodistas– casi se duplicaron”, y provocaron el exilio de comunicadores y el aumento de la autocensura.
En sus recomendaciones prioritarias, insta a guerrilleros y paramilitares por igual a respetar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual de todos los civiles.
De igual manera urge a los grupos armados ilegales “a declarar y cumplir un cese efectivo de hostilidades, correspondido por el Gobierno” y exhorta a que se avance en diálogos y negociaciones que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera.
El documento completo, en el que se alienta al Presidente de la República “para que se desmantelen efectivamente las estructuras del paramilitarismo”, puede ser consultado en la página web www.hchr.org.co o solicitarlo por correo electrónico a la dirección oacnudh@hchr.org.co.
