Por Pastor Virviescas Gómez
El impacto de la responsabilidad social desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAB abrió las actividades del segundo día del cincuentenario del Programa de Derecho, y para ello de modo virtual intervinieron Carmen Lya Fernández de Mantilla, Marien Yolanda Correa y Jorge Vásquez Santamaría, quienes se refirieron al nacimiento y consolidación del Instituto de Estudios Políticos, Centro de Conciliación, Consultorio Jurídico y Clínica Jurídica.
Ellos recordaron anécdotas de su trasegar y enfatizaron en el servicio invaluable que con estos cuatro entes le ha prestado la Universidad Autónoma de Bucaramanga tanto a sus estudiantes de pregrado y posgrado, como a los miles de ciudadanos que han recurrido a sus servicios en busca de asistencia y respuesta a sus problemas, todo en el marco de docencia, investigación y extensión que caracteriza estos espacios de relacionamiento con los actores sociales no solo a nivel local y regional sino también internacional.
Este jueves 17 de marzo los asistentes al Auditorio Mayor ‘Carlos Gómez Albarracín’ también le brindaron un saludo a Alberto Suárez Sánchez, no solo por ser el primer abogado que recibió su diploma de la UNAB, sino por su destacada trayectoria profesional como docente e investigador en el Externado de Colombia. “No es que yo sea tan viejo, es que la Universidad es muy joven”, dijo Suárez en tono jocoso, resaltando que para él es un gran honor y motivo de orgullo haberse formado en la UNAB, donde se inició como profesor de Práctica Penal el mismo año que concluyó su pregrado.
Esa mañana Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, habló del papel vital que tiene la Academia a la hora de pensar en la refundación del país y tener una mejor sociedad, realizando una radiografía de la justicia en el siglo XXI y la reforma judicial en Colombia que impactó a los presentes con conceptos y cifras que reflejan con crudeza el estado de cosas.
Su diagnóstico de elementos críticos en materia judicial, legal y de administración de justicia incluyó estadísticas como estas: hoy en Colombia son sancionados cada día cinco abogados por faltas disciplinarias, elevando a casi seis mil casos en el último lustro de colegas que desdeñaron de la profesión y de la dignidad de la misma.
Cada año también se están interponiendo más de 620 mil tutelas, lo cual habla del éxito de esta acción en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como de un estado no de ‘tutelitis’ sino de ‘abusitis’, ya que más del 60 % se centran en la defensa de los derechos de salud y de petición, debido a que el Estado es omisivo con la prestación eficiente y continua del servicio de salud o no contesta las solicitudes de las personas.
Herrera Mercado se refirió a la baja representación femenina en la rama Judicial, específicamente en la alta cúpula, y siguió con las cifras: Colombia ocupa el puesto 77, entre 120 países evaluados en el indicador de cumplimiento de contratos, siendo superado de lejos por México y Chile. Situación más grave cuando se mira el Sistema Penal Acusatorio, indicador en el que Colombia figura en el puesto 101 entre 128, lejos también de Costa Rica y Uruguay.
En el año 2019, de cada cien procesos que entraron en especial a la jurisdicción ordinaria hay un rezago de más de 20; la tasa de reincidencia en personas que son capturadas más de una vez por el mismo delito, en casos como el hurto es del 23 %, del narcotráfico del 14 % y del concierto para delinquir del 9 %.
Su preocupación se origina, de igual forma, en que el 74 % de las noticias judiciales terminan en archivo y no llevando a juicio a los presuntos responsables. Y si en este punto de la charla el asombro era generalizado, más caras largas se vieron cuando Herrera Mercado dijo que por cada 100 mil habitantes, Colombia tiene 11,6 jueces; mientras que el estándar ideal fijado por la OCDE es de 65 por cada 100 mil habitantes, con el ingrediente de que este país –en el que siete de cada diez víctimas no denuncia– tiene prácticamente el mismo número de jueces desde que se creó la Constitución de 1991.
Subrayando que “a la justicia no se le puede encuestar como si fuera un movimiento político y la justicia no está para agradar sino para sancionar disciplinaria o judicialmente lo que corresponda, sea ello popular o impopular”, admite con dolor que ocho de cada diez ciudadanos manifiestan tener una percepción negativa de la Justicia.
En concepto de Herrera Mercado, lo que al ciudadano del común le preocupa sobre el tema de justicia más que el periodo de los magistrados o el mecanismo de elección del fiscal general, es la eficiencia y el acceso a la justicia. Por eso propone un decálogo según el cual la alta innovación de la tecnología debe ser la verdadera reforma a la Justicia en una Colombia que estaba en el ‘Pleistoceno informático’ y que en los últimos diez años ha tenido diez ministros en esa cartera que han promovido sin éxito esas reformas estructurales, con alguna reciente excepción respecto a la reforma a la ley estatutaria. Con el uso de la virtualidad y de las herramientas tecnológicas colaborativas en la presente pandemia se ha sido 17 % más eficiente en trámites como la realización de audiencias o en el estudio de expedientes en la alta cúpula.
En resumen: “La Justicia de este siglo para el país tiene que ser más eficiente, tiene que rodearse de la tecnología, tiene que equilibrar el género, tiene que generar más flexibilidad, tiene que ser más informal, tiene que emplear más recursos y, por supuesto, tiene que ser más transparente”, concluyó Herrera Mercado.
La agenda de la mañana fue cerrada por el investigador italiano Giammaria Milani – Universidad de Siena–, quien llevó a cabo una mirada comparativa a la justicia electoral en su país y en Europa. Luego, en la tarde, Adalberto Flórez Romero donó a la Universidad su colección bibliográfica. Espacio que los primeros graduados aprovecharon para recordar esos tiempos en los que no había fotocopiadoras sino el sistema de stencil, cuando la señora Moncada suplía con su oferta de códigos a la propia e incipiente Biblioteca de Derecho, o ese momento en el que irrumpió el computador y un abogado se presentó con dos copias idénticas dejando asombrados a sus colegas.
Rememoraron el día que el decano Jorge Orduz Ardila dimitió tras conocerse que no le habían concedido la corona en un certamen local a su representante; cuando estudiantes y Don Armando Puyana Puyana se sentaron a pactar el congelamiento de matrículas, o el primer periódico que tuvo la UNAB, hecho por estudiantes de Derecho y llamado “Acción”, sin dejar a un lado que Roberto Orduz Serrano convirtió su campero en el ‘bus’ que traía del Palacio de Justicia, ubicado en el Centro de la ciudad y hasta la ‘Casa del Diablo’ a sus compañeros y docentes –para quienes estaban reservados los dos puestos de adelante–. Las lágrimas reaparecieron cuando le agradecieron a Gilberto Acevedo Acevedo la mano amiga que les brindó a varios de sus compañeros que prácticamente no tenían recursos para su subsistencia.
Por último, el profesor español Eduardo López Ahumada –Universidad de Alcalá– se refirió a la justicia social en el siglo XXI a través de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas –ONU– y manifestó que estos tendrán que ser revisados no solo por los efectos globales que sigue dejando el Covid–19, sino por el nuevo contexto derivado de hechos como la invasión de Rusia a Ucrania que ha dejado más de tres millones de refugiados, aparte de cientos de muertos y destrucción por doquier. “Se quiere crecer muy rápido, pero para prevenir subsiguientes momentos de crisis, no puede ser cualquier tipo de crecimiento sino pensado en la persona, en el trabajo digno y en la justicia social”, acotó.
En su opinión y aunque suene extraño, los gobernantes de hoy deben erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud, creando plazas decentes y teniendo como prioridad la inclusión social con la dimensión protectora del Derecho.
