Por Mary Correa Jaramillo
msocorro@unab.edu.co
Seguro usted ha llegado a decir o ha escuchado a familiares y amigos suyos cuando agradecen que, aunque les paguen menos por su labor diaria, tienen un empleo. Ese comentario se hace más lógico al conocerse las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, de febrero pasado sobre los índices de desocupación en una ciudad como Bucaramanga, en la que de cada 100 personas en edad de trabajar, 13 están hoy desempleadas y 38 viven del subempleo.
Pero, ¿ha analizado qué dinero ha dejado de recibir desde que la reforma laboral de 2002 (Ley 789) hizo presencia en la vida de los colombianos? Algunos investigadores orientados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que rinde informes anuales a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sostienen que los trabajadores reciben hoy un 30% menos del ingreso que proporcionalmente obtenían hace cinco años.
Lo más preocupante es que en el país no existen estadísticas que permitan confirmar la reducción en la calidad de los salarios de los colombianos porque la misma Ley 789 no dejó establecida una metodología para la medición de su impacto en los ingresos, y el Sistema Nacional de Registro Laboral, SNRL, que incluía la misma norma, no se elaboró. Sin embargo, los resultados los sienten los trabajadores que ahora hacen malabares con sus sueldos o buscan “redondear” su presupuesto mensual con labores adicionales.
Esto es lo que le ha pasado a Juan Alzate, un profesional con título universitario, maestría y dos especializaciones, pero que ahora recibe un pago de 4 millones de pesos por un contrato de 3 meses en una entidad del Estado, sin derecho a seguridad social y con un descuento del 10% correspondiente al impuesto de retención en la fuente por honorarios. Eso significa que Juan debe contentarse con un salario mensual promedio de 1 millón de pesos, para mantenerse él y su familia compuesta por esposa y dos hijos, en una ciudad como Bucaramanga.
Los recortes de ley
Con la ampliación de la jornada diurna de trabajo (Artículo 25 Ley 789), reducción en el recargo por trabajo en dominicales y festivos (Artículo 26), cambio de las reglas de juego en la contratación de aprendices (Artículo 30), abolición de la figura de unidad de empresa (Artículo 48) y autorización para jornadas laborales flexibles (Artículo 51); la Ley 789 dejó opciones a los empresarios para liberarse de prestaciones económicas que les impedían generar nuevos empleos.
La promesa de las empresas era aprovechar esa flexibilización laboral para abrir más puestos de trabajo. No obstante, con el paso de estos cinco años, la norma no llevó a crear más empleos, sino que aumentó el número de Cooperativas de Trabajo Asociado, en las que los trabajadores, son parte de esas organizaciones, aunque sólo sea en el papel, pues en la práctica no están asociados y por lo tanto no aumentan sus ingresos.
Durante estos cinco años también se ampliaron las contrataciones por prestación de servicios, modalidad de contrato en la que cada trabajador se paga la seguridad social y le descuentan el 10% del salario para pagos tributarios, por ser considerado contratista.
Todas estas “estrategias del mercado” afectaron la contratación de los colombianos que vieron reducir sus índices de ingresos mensuales, como lo observa Armando Enrique Arias Pulido, economista y especialista en Finanzas Públicas de la Dirección de Estudios Macroeconómicos de la Contraloría General de la República. Los resultados de su análisis los publicó en el pasado boletín quincenal de Actualidad Económica (www.actualidadeconomica.org/boletin).
El propio Congreso de la República, en la reunión conjunta de Comisiones Séptimas de Senado y Cámara de marzo de 2003 conceptuó que si se flexibilizaban las normas con la Ley 789 era de esperarse que se generaran alrededor de 1.600.000 empleos nuevos y por eso aceptó reducir los beneficios laborales a los colombianos. Pero como han pasado cinco años y no se ha bajado el índice de desempleo a cifras inferiores a 9, el Congreso muestra preocupación por lo que sucede y surgió una propuesta del Polo Democrático para que en la actual legislatura se revisen algunos de esos artículos de la norma.
Las cuentas del Dane, a comienzos de marzo, además de contrariar al presidente Uribe Vélez, contribuyeron incluso a que las organizaciones sindicales reclamen cambios en la estructura laboral. Las estadísticas oficiales señalan que hay 2.200.000 desempleados en el país, de los cuales cerca de 40.000 están en Bucaramanga y su área de influencia.
El Departamento de Planeación Nacional aceptó en diciembre de 2006 que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se quedó corto en la formulación de estrategias para generar empleos nuevos en sus primeros 4 años de administración y que por eso es necesario cambiar las condiciones para darle posibilidad a más colombianos de tener un trabajo estable.
El TLC presiona cambios
Con el interés que tiene el Gobierno de Colombia de obtener la aprobación del Tratado de Libre Comercio, TLC, por parte del Congreso de Estados Unidos, se ha dedicado a enmendar errores en el régimen laboral que hoy le están ocasionando mensajes contradictorios a sus posibles compañeros de tratado.
Para el 1 de mayo, Día del Trabajo, el Gobierno podría tener listo el decreto que cambiará parte del régimen de contratación en Colombia, con el fin de desvanecer los temores de los congresistas estadounidenses que ven el riesgo de que nuestro país les monte competencia desleal por tener salarios más bajos y un régimen laboral ventajoso para los empresarios nacionales, mientras que los de Estados Unidos están sometidos a mayores controles.
Desde cuando comenzaron los diálogos para el TLC, los negociadores de Estados Unidos siempre expresaron su preocupación por algunas formas de negociación laboral de nuestro país y se centraron en conocer el funcionamiento de figuras como las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), los contratos de prestación de servicios y otras modalidades mediante las cuales algunos empresarios evaden los pagos a la seguridad social y el aumento de salarios a sus trabajadores, reduciendo así sus costos de producción.
Álvaro Ramírez, abogado que investiga las temáticas de derecho laboral le explicó a 15 que la presión de los congresistas y empresarios de Estados Unidos hizo que en diciembre pasado el gobierno Uribe “apretara las tuercas a las CTA para que no sigan evadiendo la seguridad social de sus asociados y cumplan con los mínimos legales de una contratación”. Luego, en febrero pasado, el Gobierno recomendó que las entidades del Estado no contraten con CTA que no estén cumpliendo “todas las normas laborales”, como lo expresó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.
El funcionario agregó que se buscará además agilizar, mediante procedimientos orales, los procesos que sigue la justicia laboral, que hoy se demoran entre 7 y 14 años por resolverse, pues ese ha sido otro de los factores que han reclamado los congresistas estadounidenses, de llegarse a suscribir el TLC con Colombia.
“El gobierno Uribe apretó las clavijas a las Cooperativas de Trabajo Asociado para que no sigan evadiendo la seguridad social de sus asociados”
