Por Aura Castellanos
acastellanos@unab.edu.co
A pesar de que en Colombia existe desde 2005 la legislación que tipifica los delitos considerados como tráfico de personas, el desconocimiento es la razón por la cual los pocos casos que son llevados a estrados judiciales no están siendo penalizados correctamente. Así lo expresa la Fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Adria del Socorro Gómez: “Hay un desconocimiento del tipo penal como tal, y ese desconocimiento nos genera vacíos que permiten entonces que las conductas se vayan ubicando en otros tipos penales distintos del de trata, con penas más benignas o con situaciones que generan una dificultad de poder hacer una diferenciación de lo que es trata de personas con otros delitos que son muy semejantes”.
“La trata de personas es una forma de esclavitud en la que se degrada el ser humano a la condición de objeto, se negocia en cadenas mercantiles, se traslada dentro o fuera del país y luego, en el destino final, es sometido a condiciones de explotación”. Este es el concepto que maneja la Fundación Esperanza, que trabaja por la defensa de los derechos humanos en contextos de migración.
La representante de esta fundación en Santander, Sayda Rocío Merchán, afirma que las transacciones de personas van más allá de la explotación sexual y explicó que entre las modalidades de trata de personas están la esclavitud, la servidumbre, trabajos forzados, mendicidad, matrimonio servil, reclutamiento forzado al conflicto armado y tráfico ilegal de órganos.
Este problema no afecta únicamente a las mujeres, por el contrario, las víctimas son también niños e incluso hombres.
Frente a esta problemática, en 2005 entró a funcionar la ley 985 a través de la cual se establece una condena de 13 a 23 años de cárcel y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes, a los traficantes de personas.
Colombia, país de origen, transito y destino
Contrario de lo que se cree, la trata de personas no se reduce únicamente al traslado de individuos de un país a otro. Las víctimas son llevadas también de áreas rurales a ciudades, de un pueblo a otro o incluso de barrio a barrio. Este delito denominado trata interna, tiene el mismo castigo que la trata transnacional.
De acuerdo con la información estadística del Centro Operativo Anti Trata COAT, en Colombia se reportaron entre 2008 y 2009 un total de 160 casos de trata interna y externa. 38 casos de tráfico humano al interior del país y 116 al exterior. En su mayoría los casos corresponden a explotación sexual y laboral.
La fiscal Gómez se refirió a los casos vigentes sobre trata externa: “Actualmente a nivel nacional hay 92 indagaciones preliminares sobre posibles casos, 8 procesos en juicio, y se han obtenido 12 sentencias condenatorias con 17 personas vinculadas a redes de trata de personas”.
El asesor jurídico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, Carlos Andrés Pérez Gallego, explicó que hay tres formas de clasificar un país: “Uno, es un país de origen, es decir, que de ahí salen las víctimas; dos, es un país de tránsito que por ahí pasan, y tres, es país de destino. Colombia tiene una particularidad y es que tiene las tres características”. Sin embargo Pérez, se refirió a un informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según el cual a pesar de que Colombia es país de origen, tránsito y destino, se menciona que tiene una adecuada legislación para combatir el delito”.
Este mismo departamento publicó en sus documentos que, Colombia es el mayor país de origen de víctimas del hemisferio occidental, y a nivel de Latinoamérica, clasificó a Brasil como el país con mayor número de personas –especialmente mujeres y niños– víctimas del tráfico desde su territorio hacia el continente asiático y europeo.
El subintendente del grupo de Delitos Sexuales, Trata y tráfico de personas, de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, Juan Bayona, afirma que los principales países hacia los cuales son traficados los colombianos son Panamá, Filipinas, Hong Kong, Japón, Venezuela y Curazao.
Así mismo, Bayona resalta que dentro de los operativos en contra de las organizaciones de trata y tráfico de personas efectuados entre 1999 y 2009, se desarticularon 46 redes con una captura total de 245 personas vinculadas a dichas organizaciones. Los países hacia los cuales se enviaban las víctimas eran Panamá, Ecuador, Perú, Alemania, Portugal, Japón, España, Holanda, Israel, Filipinas y Hong Kong.
Según informes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Dentro de las cifras que tiene la organización, cerca de dos millones y medio de personas son víctimas de esta violación de derechos.
En la región
Santander como destino turístico es una población que está expuesta a tener tránsito de víctimas. “Santander se hace vulnerable en el sentido del turismo. Es decir, a pesar de que el departamento avanza tecnológicamente y a nivel de economía, las oportunidades no avanzan de igual manera para todos. Así como se impulsan unas cosas, también se impulsan unas necesidades en la población y frente a éstas es donde entran las ofertas de los sujetos de las redes”, asegura Merchán.
Pérez Gallego dice que “el crecimiento turístico lleva detrás algunos casos de trata, aunque no necesariamente quiere decir que el turismo sea una causa de la trata. Sin embargo hay casos de explotación sexual asociados a escenarios turísticos”. Pérez, en nombre de la organización comenta que, actualmente están en el departamento haciendo un trabajo de diagnóstico para saber cuántos casos se han investigado, cuántos se han caído y señala: “lo que conocemos con las entidades que hemos hablado es que no hay una sola sentencia por el delito”.
La directora regional de la Fundación Esperanza, Sayda Merchán declara que durante los últimos cinco años, se han reportado cerca de siete a diez casos, de los cuales sólo dos fueron judicializados. Sin embargo las condenas correspondían a delitos diferentes al de trata de personas. En el momento, hay un caso que está a la espera desde 2005.
Las víctimas como la protagonista de dicho proceso penal, tienen que esconderse por cuenta propia y esa ausencia de medidas de protección se constituye como una de las debilidades por las cuales no se instauran denuncias. Según expresó Merchán: “Lamentablemente no existen denuncias porque además del temor que siente la víctima para denunciar, cuando se decide a hacerlo, no tiene protección inmediata del Estado. Se debe vincular a programas de protección a víctimas y a testigos, pero primero debe esperar a que investiguen, le hagan seguimiento, ordenen la captura y mientras están en todo ese proceso, la víctima se está escondiendo sola, desamparada, entonces mientras no exista ese componente de protección inmediato no habrá un resultado favorable”.
Los casos atendidos por la Fundación Esperanza, son en su mayoría de explotación sexual y sólo uno hace parte de la modalidad de explotación laboral. Las víctimas son niñas, mujeres y un hombre.
El promedio de edad va de los 13 a 35 años aproximadamente. Los países de destino son México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Dubái, Venezuela y Emiratos Árabes.
Otro aspecto importante que descubrió la fundación es que Bucaramanga además de ser un sitio de origen, de reclutamiento de humanos, también es un lugar de destino al que han llegado mujeres de otros países, recientemente México. También se han desplazado mujeres engañadas del Chocó a municipios aledaños a Bucaramanga, a ejercer la prostitución.
Los datos de la fundación establecen que en Santander el 30% de las ofertas en las que caen la mayoría de las mujeres se hacen a través de Internet.
El Ministerio del Interior y de Justicia vinculó a Bucaramanga como una de las ciudades principales dentro de la vulnerabilidad al delito de trata de personas. También están en la lista Cartagena, Bogotá, el Eje Cafetero y San Gil como el puerto turístico. La Fundación Esperanza cataloga a Barbosa, Barrancabermeja y a Cúcuta también como vulnerables, por considerarse como poblaciones de crecimiento a las que llegan personas buscando entre otras mercancías, el sexo a través de los niños y adolecentes.
Teniendo en cuenta la dimensión del problema en términos de desconocimiento y carencia de judicialización, la Gobernación de Santander a través de la Secretaría del Interior y en conjunto con la Fundación Esperanza cuentan con comités encargados de asistir a las víctimas de tráfico humano. Luis Fernando Cote Peña, ex secretario del Interior, explica la función de los Comités: “conformamos los comités locales en varios municipios del departamento, entre otros en el área metropolitana de Bucaramanga, San Gil, Socorro, Barbosa y Barrancabermeja, que son las zonas que por el turismo tienen exposición de riesgo. Sensibilizamos a la sociedad y visibilizamos la problemática para dar a conocer que se necesita la operatividad efectiva para judicializar a los que cometan el delito de trata de personas”.
Perfil de las víctimas
Aunque se cree que los más propensos a caer en estas redes delictivas son las personas de niveles económicos bajos, Merchán señala que cualquier persona puede ser víctima del delito de trata de personas. “Estas redes no solamente cogen al que no tiene. Hemos manejado casos de niñas que son hermosas, todo lo tienen y terminan aceptando ofertas de supuestas bailarinas y otras se han desaparecido”. Merchán hizo énfasis en que las ofertas utilizadas por los traficantes varían de acuerdo al tipo de persona a la que se le prometa, y expuso que: “Si usted tiene un sueño de progreso, por ese sueño lo captan; a una estudiante de universidad se le ofrece una maestría, a una mujer en condición de desplazamiento, un mercado mensual”.
La fiscal Gómez expone según su experiencia que existen dos tipos de víctimas, en el caso de la trata por explotación sexual, que es la modalidad más utilizada en el mundo: “un tipo son de perfil económico social bajo, con poca preparación académica y poca oportunidad laboral y hay otra modalidad que la estamos descubriendo últimamente y hace parte de la prostitución calificada, se llama calificada porque son niñas de un nivel económico promedio, generalmente universitarias o que están terminando el bachillerato, y que son cautivadas al igual que las otras por esa necesidad social de tener más dinero”.
Aunque la persona ejerza la prostitución en Colombia y sepa de antemano que seguirá ejerciéndola por fuera del país, se convierte en trata de personas en el momento en que las condiciones prometidas cambian en el lugar de destino, y se empieza a explotar a la persona con el fin de enriquecer a unos cuantos.
El asesor jurídico de la Unodc Colombia, Carlos Pérez, aclara frente al tema de la prostitución aceptada que: “En Colombia el ejercicio de la prostitución no es un delito, es una actividad que no está regulada, pero muchas veces se cree que cuando las mujeres saben a lo que van al exterior, no se les presta la asistencia que necesitan. Nosotros queremos romper ese imaginario, porque no importa que la mujer ejerza la prostitución, importa las condiciones en que lo haga”.
El subintendente Bayona dio unas recomendaciones para no caer en manos de las organizaciones delictivas: “se debe evitar deslumbrarse por promesas de trabajos lucrativos, evitar financiamiento de viajes, se debe sospechar de una oferta que no necesite presentación de una hoja de vida y sobretodo contar con documentos legales”.
“Mientras persista el desconocimiento sobre los instrumentos legales por parte de los encargados de atender el delito y no se capacite a las personas frente a la amenaza que constituyen las oportunidades aparentemente fáciles de ganar dinero, seguirá fortaleciéndose la trata de personas”, puntualizó Merchán.
