Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
csilvera@unab.edu.co
Como consecuencia del impacto mediático de la odisea que vivieron hasta la muerte dos colombianas tras haber pagado a una mafia de trata de personas para que las trasladara ilegalmente desde Egipto a Israel y el secuestro de seis colombianos por parte de otra red, en el mismo paraje, las autoridades colombianas han dispuesto una serie de operativos para tratar de controlar el delito desde su origen.
En el Eje Cafetero, las primeras pesquisas dejaron 13 capturados. Según la mayor de la Policía, Elba Granados, quien investiga la trata de personas, se estima que esa red, que generaba ganancias de 4 millones 800 mil pesos por persona en una noche, tenía contactos en Israel, Japón y Filipinas.
Colombia, según un último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el ilícito, ocupa el deshonroso tercer lugar de víctimas en América Latina.
En el mundo las mujeres colombianas están en el mismo puesto en número de emigrantes que son víctimas del tráfico con fines de explotación sexual, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En Santander: cero casos
El panorama en el departamento es igual de preocupante, con el agravante de que no se conoce la dimensión del fenómeno como consecuencia de que sólo fue considerado como delito hasta el año 2000, lo que no permitió la realización de un seguimiento al ilícito. En Santander no hay ni un solo caso reportado.
Así lo dio a conocer una investigación realizada en el primer semestre de 2006, por la Procuraduría Regional a las autoridades territoriales.
“El estudio determinó que no existe un solo caso en judicilización, a pesar de que dentro de las formas de trata de personas están la explotación sexual o la servidumbre por deudas. Uno se pregunta: ¿realmente no existe ninguna de estas conductas?”, indagó la procuradora sexta judicial de familia en Bucaramanga, Laura Victoria Santos Chona.
Por su parte, Nelson Francisco Torres Murillo, fiscal de una Unidad de Reacción Inmediata (URI), ratificó la denuncia de la Procuraduría Regional y explicó los motivos por los cuales no se denuncia este delito (ver recuadro ¿Porqué no denuncian?).
Uno de los más preocupantes es la falta de conciencia y responsabilidad social de los ciudadanos:
“Pareciera que en la comunidad existiera una noción errada de lo que implica el ilícito, a la ley se le ha considerado como un medio de reclamación de abuso laboral”, explicó Santos Chona. “La sociedad y el Estado están viendo esta grave problemática como algo normal”, añadió la defensora regional del Pueblo, Ana Felisa Barajas.
Dijo el abogado penalista y catedrático universitario, José Orlando Ramírez:
“Otro de los motivos por los cuales no se denuncia es que nuestro sistema judicial es muy precario porque no ofrece garantías de seguridad para quien se atreva a denunciar. Usted no ha salido de colocar la denuncia y el delincuente ya sabe lo que usted hizo. Eso le trae repercusiones”, dijo.
Torres Murillo, fiscal de la URI, acepta la crítica y añade que: “Tenemos una Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, pero es lamentable decirlo, no funciona adecuadamente porque no es inminente, rápida y efectiva ya que se retrasa con trámites burocráticos y demasiados formalismos”.
Un negocio de 200 millones de personas al año
Cifras de la ONU demuestran que el 80% de las colombianas que son víctimas de la trata de personas por redes internacionales ejercen la prostitución y de ellas el 50% son menores de edad.
El DAS y la Interpol calculan que anualmente 55 mil colombianas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, en centros nocturnos de Tokio, Madrid o Amsterdam, ciudades que concentran el mayor número de trabajadoras sexuales procedentes de Suramérica.
En el mundo, según el documento de la OIM, esta forma de trata de personas podría alcanzar los 200 millones de víctimas.
“Se calcula que genera dividendos superiores a los US$8.000 millones de dólares anuales”, declaró Kent Hill, alto funcionario de salud en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), al servicio noticioso Desde Washington.
Pero las mujeres no son las únicas víctimas del ‘negocito’, pues en el País tres de cada cuatro menores son explotados laboralmente.
De acuerdo con el documento ‘Elementos para la identificación, prevención y erradicación de las peores formas de trabajo Infantil’, elaborado por la Procuraduría General de la Nación y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT):
Ellos suman, aproximadamente, 2 millones y medio de niñas y niños víctimas de esta forma de trata de personas y representan el 10% de la población trabajadora en el País,
“Ya tenemos detectados 25 mil casos de menores en trabajo sexual infantil de carácter comercial”, dijo el 5 de septiembre, el Procurador General, Edgardo José Maya Villazón, ante medios de comunicación nacionales.
Torres Murillo, fiscal de la URI, dice, al momento de explicar por qué resulta tan lucrativo el negocio, que hay una nutrida oferta de personas dispuestas a ser partícipes de la trata.
“A veces, a pesar de que están siendo explotadas, las víctimas llegan a sentirse satisfechas e incluso en ocasiones se manifiestan agradecidas con el tratante puesto que la situación económica de sus familiares es apremiante. Esto lleva a que las personas que padecen esta situación no se consideren como tales”.
“El engaño es producto del desconocimiento de la ley”, afirmó el abogado penalista, José Orlando Ramírez. La Constitución Política, en su Artículo 17 dice:
“Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.
Este artículo, por estar hablando de un derecho fundamental, supone que no se debe reglamentar como acción penal porque, supuestamente, todos los derechos fundamentales son de inmediato cumplimiento.
Es decir, no se reglamenta porque se supone que nadie debería violarlo.
La inclusión como delito se hizo sólo hasta el año 2000. Pero esa inclusión no resultó efectiva, tal y como lo manifiesta Ofelia Gómez Díez, coordinadora de la Fundación Esperanza, Ong que presta atención a la población víctima de la trata de personas.
En la última reforma al Código Penal se generó la Ley 985 del 26 de agosto de 2005.
“Con el Código Penal de 2000 había impunidad judicial pues la misma ley obstaculizaba el procesamiento del delito”, explicó Gómez Diez.
¿Por qué no denuncian?
- Desconocimiento de su condición de víctima
- La víctima prefiere ser ‘esclavo’ antes que, no poder conseguir el sustento económico de sus familiares
- Miedo a retaliación hacia ella o hacia sus familiares
- El tratante hace creer a la víctima que es delincuente o infractora de la ley
- La víctima no sabe dónde o a quién acudir
- Desconoce las modalidades de ‘victimización’ de la trata de personas
- Desconfianza en las autoridades, fruto del estigma de la corrupción
Periódico 15 indagó a Ofelia Gómez Díez, coordinadora de la Fundación Esperanza, ong que presta atención a la población víctima de la trata de personas, sobre el tema para que se pueda visibilizar aún más la problemática y se informe sobre las instituciones que prestan auxilio a las víctimas.
¿Qué es la trata de personas?
Es una problemática social que degrada la dignidad humana y que afecta a hombres, mujeres, niños y niñas.
¿Es la sexual la única modalidad de trata de personas?
La explotación sexual es uno de los más visibles y se realiza para pornografía, prostitución forzada y turismo sexual, hay otras:
la explotación laboral: se presenta en trabajos de la economía formal e informal, tales como mendicidad, ventas callejeras, servicio doméstico, construcción.
Tráfico de órganos: es la extracción y posterior mercadeo de órganos o fluidos del cuerpo humano.
Cuando los grupos al margen de la ley reclutan a sus víctimas como informantes, combatientes, servicio doméstico y actos sexuales.
¿A qué instituciones puede acudir la víctima?
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teléfono 018000 918080; Fundación Esperanza, teléfono 018000 919032; Organización Internacional para las Migraciones, teléfono 018000 522020
