Un debate no terminado

Ago 1, 2005 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Juan Carlos Silva Berrio
periodico15@unab.edu.co
En el sector de Cabecera del Llano, en la calle 49 entre carreras 33 y 36, hay
más de 200 vendedores ambulantes. La cifra es mínima comparada
con los más de 1.000 que ocupan el Paseo del Comercio, en el centro de
Bucaramanga, según datos aproximados de la Secretaría de Gobierno
Municipal.

Basada en el último censo de marzo de 2004, la Defensoría del
Espacio Público, que depende de la Administración Municipal, indicó
que en la ciudad sólo hay 684 vendedores con licencia, de los cuales
el 50% se dedica a la venta de comida.

Ante esta situación hay dos puntos de vista enfrentados sobre el manejo
del espacio público. Por un lado hay propuestas como la que representa
el concejal Óscar Ómar Orozco, que defiende que no se puede ceder
un centímetro del espacio recuperado pues dicha recuperación ha
costado recursos e ir hacia atrás sería un desperdicio de dinero.
Por eso propone alternativas de reubicación similares a las que ya se
intentaron en 1999, pero con mejor planeación que entonces.

Por otra parte hay propuestas que hacen énfasis en “atacar la
raíz del problema, que es lo económico y el continuo desplazamiento”,
como piensa el ex alcalde y ahora concejal, Carlos Virviescas Pinzón.

Para él, la complejidad del problema pasa por la necesidad extrema de
las personas más pobres, que en la mayoría de casos acuden a la
venta informal como único medio de subsistencia: “Es importante
que el Estado comience a tramitar una ley concreta para que en todos los niveles
de la vida social se atiendan las necesidades básicas de esta población”.
Al tiempo, descarta la coerción como una fórmula viable.

Hernando Villamizar, artesano por más de 15 años y presidente
de la Asociación de Artesanos y Vendedores Ambulantes Poblado Guane,
expresa que ellos no tienen más alternativas pues no hay opciones de
trabajo. Afirma que el gobierno los ha abandonado y no ha buscado espacios aptos
para su labor: “Cuando uno es pobre estudia o trabaja, pero no se pueden
hacer las dos cosas a la vez”.

El Concejo Municipal ha debatido el asunto con los diferentes implicados pero
no hay consenso sobre alternativas de solución. Los más críticos
califican de “burócrata e ineficaz” la labor de la Defensoría
del Espacio Público, como lo hizo el concejal Édgar Villabona
Carrero en declaraciones a esta redacción hace unas semanas.

La administración municipal responde que sí hay política
y que se piensa en planes de reubicación. También dice se han
ensayado nuevas modalidades como que un funcionario de la Secretaría
de Gobierno acompañe a un grupo mínimo de policías caminando,
por la calle 35 por ejemplo, en una hora bastante transitada. El miedo de los
vendedores a que les decomisen sus mercancías los aleja. El lío
es que luego regresan.

El principal obstáculo para las operaciones de la Inspección
del Espacio Público es la falta de personal. Además de los pocos
funcionarios, sólo hay destinados para la protección del espacio
30 hombres de la Policía Nacional.

Cada uno de los 10 ó 15 decomisos que se hacen al día generalmente
representa todo el capital de una familia. Los productos pueden ser recuperados
con el pago de una multa que está entre 8 y 15 salarios mínimos
diarios (máximo 105 mil pesos). Si ese pago no se hace en los primeros
3 meses, el Municipio debe donar los productos.

 

¿Cómo se ha enfrentado el problema?

En la primera alcaldía popular, de Alberto Montoya Puyana en 1988, el
arquitecto Jorge Rodríguez diseñó el Plan Centro, que modificó
las rutas de buses para que entraran al Centro bajando por la calle 34 y salieran
subiendo por la calle 37. Así, las calles 35 y 36 se destinaron para
los carros particulares y los peatones, con lo que se construyó el Paseo
del Comercio.

Así mismo, se buscó que regresaran los habitantes del sector
con la construcción de los pasajes peatonales entre la Casa Luis Perú
de la Croix y la calle 44, y de la carrera 26 entre la calle 37 y el Parque
de los Niños.

También se aplicó el Plan Muelas que amplió la vía
de las calles 34 a 37 entre carreras 15 y 18. Con el poco espacio en los andenes
se produjo una primera desbandada de vendedores hacia las calles sólo
peatonales.

Durante las siguientes administraciones la política se mantuvo hasta
que el gobierno de Luis Fernando Cote (1998-2000) hizo un censo con el fin de
reubicar a los vendedores en un solo punto. Se encontró que eran necesarios
casi 800 locales y por ello se inició la construcción de los centros
comerciales Sol de la Alegría y Feghali, hoy conocido como San Bazar.

Pese al esfuerzo, sólo sirvieron para que los beneficiarios dejaran
los locales en arriendo o cerrados y salieran de nuevo a la calle: no era rentable
para muchos de ellos porque las ventas no alcanzaban el mismo volumen y los
compradores no entraban.

En la actualidad, la Defensoría del Espacio regula la utilización
de estos centros comerciales y aspira a organizar una cuota de administración
para que los dueños de locales adquieran un sentido de pertenencia mayor.

Ir al contenido