Por Antonio Acevedo Linares*
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La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) presentada por el actual gobierno y aprobada por el Congreso de la República para darle piso jurídico al proceso de desmovilización y reinserción de todos los grupos armados, es una política social y humanitaria diseñada para conducir a un proceso de desarme de esos grupos armados ilegales y que ha sido interpretada por sus opositores como la legitimación de la impunidad en Colombia por los delitos atroces cometidos por las autodefensas.
Pero esta ley no está concebida sólo para las autodefensas sino para todos los grupos armados ilegales. Sin embargo, los delitos atroces y sus conexos como porte ilegal de armas, concierto para delinquir y homicidio se deben someter a un proceso de verificación para que la figura jurídica con la que se someten no origine traumatismos y lo pactado por parte del gobierno y las autodefensas o grupos armados no se agote o deteriore en la crisis y fluyan los diálogos y la negociación.
El proceso también debe hacer claridad en torno a los bienes, tierras y armas de que disponen las autodefensas. Su entrega efectiva al final o al comienzo de la reinserción debe ser objeto de absoluto acuerdo, como la revelación de las fuentes de financiación de sus ejércitos. Hay que tener en cuenta que ellas son responsables del desplazamiento de miles de colombianos, porque muchas de las tierras fueron expropiadas dentro del fragor de la guerra.
En la mesa debe estar la agenda política que este proceso ha acordado y replantear la reinserción en términos de que no pueden seguir siendo lo que ya ha señalado Carlos Alonso Lucio, asesor político de paz: “Recoger listado de personas desmovilizadas, construir una lista de armas entregadas y comprometerse a pagar mensualmente a los reinsertados”.
Cambios estructurales
de fondo
Esta política debe tener y replantear soluciones más de fondo que garanticen un proceso efectivo, en tanto solucionen la situación socioeconómica permanente de miles de colombianos que un día, por la crisis social, se incorporaron a las filas de las autodefensas porque hay que reconocer que no todos los que integran o integraron sus filas lo hicieron en la conciencia política de combatir a las guerrillas.
La incorporación a la sociedad conlleva una política de empleo con el sector empresarial y la creación de granjas agrícolas de procesos productivos agroindustriales, etc., que servirían también como lugar de reclusión para los desmovilizados que por delitos atroces deban cumplir condena.
A septiembre de 2005 se habían desmovilizado 18.587 alzados en armas en las 7 zonas del país donde hay reinsertados. El Estado necesitará, según cálculos, cerca de 400 mil millones de pesos para 2006.
No al ‘paramilitarismo civil’
La legitimidad institucional de esta ley será compensada con la desmovilización de los grupos armados ilegales, en tanto saque del conflicto a un actor de la guerra. No obstante, el paramilitarismo armado no puede convertirse en uno civil en la sociedad, esto es, la ideología paramilitar no podría convertirse en un partido político que atentará contra el ejercicio de la democracia y los partidos.
Se hace necesario para ese siguiente paso el desarme político de su ideología para garantizar su reinserción a la sociedad civil bajo los valores de la democracia como la tolerancia, el reconocimiento del otro y el respeto por la diferencia. Bajo esos presupuestos éticos y políticos será posible una desmovilización y una reinserción en el panorama del ejercicio político de la democracia.
Las autodefensas no son sólo grupos armados ilegales sino también una ideología armada. Su desarme político sería una garantía para el ejercicio democrático de la política sin intimidaciones, lo que también contribuiría a buscar salidas negociadas con los demás grupos, aunque la insurgencia (Farc) ya ha señalado que 4 años más del actual gobierno y no habrá salida política: habrá más “sangre y fuego”.
Sin olvidar a las víctimas
En la Ley de Justicia Paz hay una mención especial por la víctima que es definida como “la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”.
A ellas hay que resarcir a través del derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, respetando el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, acciones que restituyan, indemnicen y rehabiliten, todo ello para que se contribuya a la reconciliación nacional como es su propósito.
La paz nacional requiere un enorme esfuerzo social para sanar todas las heridas porque la responsabilidad social de cualquier gobierno es desarmar a los que están por fuera de la ley, porque es el Estado el que debe tener el monopolio de las armas, y por eso esta ley establece el beneficio de la Alternatividad: “Consiste en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, remplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
Los grupos armados ilegales requieren una resocialización, como quiera que la guerra deja profundas secuelas psicológicas e ideológicas que necesitan tratamiento en esa misma dirección, así como “una reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia”.
En la Ley de Justicia y Paz se contemplan esos propósitos pero se requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad para que este proceso sea la entrada a una negociación política del conflicto con los demás grupos armados, porque ya históricamente quedó demostrado que la guerrilla no tiene el suficiente poder militar y político para tomarse el poder, ni el Ejército el suficiente poder logístico para derrotar militarmente a las guerrillas.
La única salida es la negociación política al conflicto o la guerra, a no ser que la guerra en este país sea un gran negocio y ninguno de los actores armados quiera realmente hacer la paz. Hay que señalar también que la negociación política con la guerrilla no es sólo desmovilizar y reinsertar a los frentes guerrilleros, sino fundamentalmente una que tendría que pasar por la negociación del modelo político y económico del país.
* Sociólogo. Magíster en Filosofía Latinoamericana. Especialista en Educación en Filosofía Colombiana y en Filosofía Política Contemporánea.
