Por ?lex Nicol?s Pe?a Naranjo
apena3@unab.edu.co
El programa presidencial Acci?n Social reporta 1?976.970 personas desplazadas, de las cuales 920.906 son mayores de edad, concentradas en su mayor parte en Antioquia, Bol?var, Magdalena y Cesar. Lo que significa que el 46,5 % tiene derecho a votar en esta contienda electoral.
La Constituci?n Nacional expone que Colombia es un pa?s regido por un Estado Social de Derecho, en el cual el ciudadano es la principal instituci?n de la democracia, y el voto un derecho del ciudadano. A pesar de la iniciativa de la Procuradur?a General de la Naci?n en cabeza del procurador Edgardo Jos? Maya Villaz?n de garantizar la posibilidad del ejercicio de este derecho por parte de la poblaci?n que ha sido v?ctima del desplazamiento forzado, "solamente podr?n hacer uso del sufragio aquellas personas que lograron inscribirse en el tiempo asignado por la Registradur?a Nacional, desde el 7 de marzo hasta el 21 de mayo de 2007; sino se inscribieron, no pueden sufragar", sostiene Maruja de Andrey N??ez, registradora de Bucaramanga.
Sin embargo, la Procuradur?a le hizo a la Registradur?a una solicitud de permitir que los ciudadanos y ciudadanas que hayan sido v?ctimas del desplazamiento forzado desde el 22 de mayo de 2007, puedan votar libremente mediante el programa presidencial de Acci?n Social a trav?s del n?mero de c?dula. Esto a trav?s de el cruce de informaci?n con el censo electoral de 2007 para determinar cu?les de esos ciudadanos est?n habilitados para votar y cu?l el municipio y el departamento en el que de no haber ocurrido la expulsi?n forzada habr?an podido sufragar. Para ello, el procurador Maya Villaz?n pidi? al Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vacha, disponer en las cabeceras de las ciudades de llegada una mesa especial en las que se lleven tarjetones correspondientes a los lugares donde habr?an de votar esos ciudadanos. En el que al mismo tiempo pide "informar a los registradores municipales de los lugares de origen de los desplazados sobre la anterior disposici?n para que estos ciudadanos sean eliminados de los formularios E-10 para evitar que se presente doble sufragio o suplantaci?n de votantes", expresa el documento firmado por el Procurador.
Esta medida es ignorada por la poblaci?n general y los desplazados, entre ellos Pablo Emilio Rinc?n Lozada, expulsado del corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tib? (Norte de Santander) por grupos paramilitares, quien no conoc?a la medida de la Procuradur?a de sufragar por los candidatos del territorio de donde fue expulsado. "No sab?a que pod?a votar ac? en Bucaramanga. Si me dicen d?nde ir y qu? tengo que hacer, lo hago, aunque no tengo los 1.100 pesos que cuesta el pasaje de bus", le dijo Rinc?n Lozada a 15, a quien le quitaron sus dos fincas donde cultivaba cacao, sus pollos, sus reces, sus animales de carga, sus enseres del hogar y hasta sus cerdos, y quien ahora vive en un cambuche de los muchos que hay en el asentamiento de Las Bodegas, en Caf? Madrid.
A pesar de que la Registradur?a adelant? en el a?o 2006 junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (Acnur) una campa?a de cedulaci?n para que las personas v?ctimas del desplazamiento pudieran ejercer el voto, no hubo un dise?o de alg?n procedimiento electoral especial para atender esta situaci?n particular por parte de las autoridades locales y nacionales responsables del sistema electoral, como lo recomienda el Proyecto de Desplazamiento Interno de la Acnur.
Filippo Rossi, oficial de Protecci?n de la Acnur en Bucaramanga, sostiene que "la Acnur ha buscado la posibilidad de que todos los desplazados tengan tarjeta de identidad y c?dula de ciudadan?a y as? puedan acceder al voto". De igual manera sostiene que en un futuro pr?ximo evaluar?n esa situaci?n del dise?o de un procedimiento electoral especial que permita a estas comunidades ejercer el voto en sus lugares de origen y puedan tener influencia en las zonas en las que muchos fueron expulsados a causa del conflicto armado. Aun as?, explica que es algo complejo porque "depende de d?nde prefieren hacer incidencia pol?tica. No consiste en que voten de donde provienen, pues, dada la situaci?n de inseguridad de los lugares de donde provienen, en esta parte del conflicto, hay casos que les interesa m?s que les atiendan sus necesidades en la zona en la que se encuentran ubicados. Pues dada su situaci?n de supervivencia, lo que les preocupa m?s a ellos en este momento es el hoy", explica a 15 el oficial de Protecci?n.
Estabilidad socioecon?mica
Uno de los compromisos que deben asumir los pr?ximos alcaldes y concejales del ?rea Metropolitana, en compa??a de los diputados y el gobernador que sea electo, ser? el dise?o de un proyecto integral que atienda y mejore la estabilidad socioecon?mica de la poblaci?n desplazada. M?s all? de paliativos y promesas electorales para esta poblaci?n, las personas desarraigadas requieren soluciones eficaces en materia de empleo y vivienda.
Por ello, los mandatarios que salgan electos en la contienda electoral del 28 de octubre, deber?n unir fuerzas a favor del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Rossi, funcionario de la Acnur, manifiesta que m?s all? del asistencialismo como las ayudas con mercados, para atender eficazmente esta situaci?n "debe existir un proyecto viable y sostenible que pueda mejorar la estabilidad socioecon?mica de estas personas. Por eso deseamos que los alcaldes del ?rea Metropolitana se unan y hagan proyectos de vivienda y empleo para la poblaci?n desplazada", acota el funcionario de la Acnur".
Si bien la Acnur ha entrevistado a varios candidatos a las alcald?as y a la gobernaci?n para que ?stos cuenten a los desplazados cu?les son sus compromisos con esta poblaci?n, no se les ha escuchado mencionar un proyecto espec?fico que pueda beneficiar integralmente a estas personas en materia de empleo, vivienda y mayor cobertura en la educaci?n.
