Recientemente el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB reunió a expertos académicos para discutir alrededor del desarrollo que ha tenido la implementación de la justicia transicional con enfoque restaurativo en nuestro país. Este encuentro, que contó con panelistas nacionales e internacionales, hace parte de uno de los proyectos de investigación del IEP que busca realizar recomendaciones para mejorar las acciones restauradoras especialmente en el oriente colombiano.
“Justicia restaurativa y territorialidad: Recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones con contenido restaurador y reparador en Norte de Santander y Santander” es el nombre del proyecto ejecutado por la Universidad UNAB a través del IEP, que pretende hacer sugerencias multidisciplinarias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que optimicen la implementación de los denominados TOAR en los departamentos ya mencionados.
Como parte de la ejecución del proyecto, en las instalaciones de la Universidad se realizó el Simposio Internacional de Justicia Transicional: Reflexiones y debates actuales en el que se ofrecieron reflexiones comparativas sobre los avances que han tenido los procesos de restauración en Colombia, y los desafíos que ha enfrentado la justicia restaurativa en la búsqueda de la paz territorial.
Justicia transicional en Colombia, Sudáfrica y Centroamérica
El simposio inició con un panel en el que se examinaron los procesos de justicia transicional sucedidos en Sudáfrica, El Salvador y Guatemala, para ser comparados con el caso colombiano. El análisis se centró en las garantías de verdad y reparación que han brindado los acuerdos de paz de estos países a las víctimas a través de mecanismos como las comisiones de la verdad.
Este primer espacio, moderado por Elisa Martín Peré, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas e investigadora del proyecto del IEP, contó con la participación presencial de Veronika Hoelker, coordinadora de planeación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en Colombia, y Daniel Eduardo Muñoz Flórez, abogado de comunidades de víctimas de los Montes de María. De manera remota desde España se unió María Elena Martínez Barahona, docente del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
La investigadora Martínez Barahona destacó las comisiones de la verdad de Guatemala y El Salvador, las cuales, si bien han sido fuertemente apoyadas por la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), han derivado en una amnistía casi generalizada. Esto ha llevado a que en El Salvador no haya procesos judiciales sobre crímenes cometidos en el conflicto y que en Guatemala solo se hayan emitido alrededor de 20 sentencias, en cuyos procesos se han presentado persecuciones a los actores judiciales participantes.
“En Guatemala y en El Salvador no solo no ha habido justicia transicional, es que ni siquiera ha habido justicia postransicional. No están teniendo avances, están teniendo retrocesos. En El Salvador su actual presidente menosprecia los acuerdos de paz y en Guatemala alrededor de 50 operadores de la justicia están exiliados por participar en las sentencias. Muchas veces cuestionamos los avances en nuestros propios contextos y no nos damos cuenta lo difícil que es avanzar en otros países”, afirmó la docente española.
La Comisión de la Verdad de Sudáfrica creada en 1996 fue otro de los ejemplos presentados en el panel. En este el abogado Muñoz Flórez señaló que, aunque este mecanismo fue más efectivo que el de los países centroamericanos, no tuvo en cuenta el acompañamiento a las víctimas que resultaron sobreexpuestas ya que sus audiencias fueron ampliamente transmitidas en los medios de comunicación sudafricanos.
“Con este ejemplo planteo tres estrategias para medir el éxito de una comisión de la verdad: composición con actores involucrados, metodología participativa con comunidades de víctimas y medición de los efectos sociales que puede llegar a tener sus métodos y conclusiones”, aseveró el también docente de la Universidad de Cartagena.
Los panelistas mencionaron que la existencia de comisiones de la verdad es crucial en la implementación de justicia transicional, pero a su vez resaltaron la importancia de establecer más métodos de restauración para cubrir las demás necesidades que surgen en el proceso, tal como sucede en el caso colombiano.
“Es materialmente imposible que un solo mecanismo de justicia transicional garantice todos los derechos. Se necesitan diferentes mecanismos simultáneos y complementarios que puedan materializar esos derechos desde diferentes ángulos”, aseguró Veronika Hoelker del ICTJ. “Por eso llegamos a una Comisión de la Verdad en Colombia que no se tuvo que hacer la pregunta sobre qué derechos iba a conceder sino que se centró en el esclarecimiento de la verdad de forma extrajudicial. Por esa razón existen otras unidades como la JEP y la Unidad de Víctimas que se encargan de los temas judiciales”.
Terceros civiles, actores económicos y víctimas
En el simposio se abrió un espacio para hablar sobre los llamados terceros civiles del conflicto, que son definidos como aquellas personas que contribuyeron de forma directa o indirecta a los crímenes de guerra aunque no pertenecieran a los grupos armados. Para este tema la docente alemana Sabine Michalowski, co-directora de la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex, brindó una ponencia en la que definió a los actores económicos como terceros civiles con responsabilidad en el contexto de la justicia transicional.
“Hace 10 o 15 años la justicia transicional empezó a pensar no solo en los crímenes de sangre sino también en las raíces del conflicto, porque muchas veces hay intereses económicos detrás de esto. En esa discusión se reconoció que las empresas y los empresarios han jugado un rol en esas violaciones a derechos humanos con situaciones como, por ejemplo, las represiones sindicales”, mencionó la también presidenta de investigaciones de la European Judicial Training Network (EJTN).
Por su parte en otra ponencia, Juliette Vargas, colaboradora científica del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), se refirió al proceso dialógico como un aspecto significativo de la justicia transicional, el cual prevalece la participación colectiva para que tanto de víctimas como victimarios asuman el compromiso de facilitar y sostener el diálogo.
“Hay una intención por parte de la JEP de que el proceso mismo sea dignificador y que no se espere a los TOAR para reparar. En esto es crucial la participación víctimas y comparecientes porque en el proceso dialógico se habla de la co-construcción de la verdad, en el que no solo los comparecientes dan cuenta de su versión de los hechos sino que las víctimas tienen el derecho a demandar la verdad y contrastarla”, manifestó la investigadora Vargas.
El arte como herramienta restauradora del tejido social
Las manifestaciones artísticas como métodos de reparación también hicieron parte de la agenda del simposio. Para explorar el tema, se realizó un panel con el fotógrafo colombiano Santiago Escobar Jaramillo y el reportero de guerra oriundo de España Gervasio Sánchez Fernández. Con la moderación de Roberto Sancho Larrañaga, investigador del proyecto del IEP, se discutió sobre el rol que tiene el arte en los procesos de reparación simbólica y de reconstrucción de la memoria.
Escobar Jaramillo habló sobre su proyecto de fotografía Colombia, Tierra de Luz, con el que retrató a víctimas del conflicto en más de 30 lugares de Colombia. En la propuesta usó la luz como elemento principal de sus retratos para “iluminar” aquellos espacios en los que el horror de la guerra ocurría en los momentos de oscuridad.
“Me acerqué a las personas a través de talleres en los reflexionábamos, pero priorizando las esas acciones que tomaron para seguir adelante. El proceso creativo y fotográfico se vuelve performático, se vuelve una forma de que las personas participen y hablemos de conceptos como desplazamiento, justicia, es una forma de pedir verdad, una forma de hablar de reconciliación, de perdón”, expresó Escobar Jaramillo.
Sánchez Fernández, que ha cubierto alrededor de 26 conflictos bélicos alrededor del mundo, a su proyecto Vidas minadas, un libro que recoge fotografías de personas mutiladas por minas antipersonales que tomó en 10 países durante 30 años.
“La paz siempre es imperfecta. La mejor paz es siempre más imperfecta que la peor guerra. Lo mejor que se puede hacer es que se implante la paz cuanto antes a pesar de que no atienda todas las necesidades de los ciudadanos antes de que esto siga siendo un reguero de sangre”, declaró el periodista español.
El simposio cerró con la presentación de Asimétrico Catatumbo, agrupación musical proveniente de El Tarra, Norte de Santander, que fusiona elementos del hip hop con sonidos de la cultura campesina y construye letras que pretenden conectar las realidades del campo con las de la ciudad.
La investigación liderada por el IEP de la UNAB, desde la que se desarrolló este simposio internacional, es financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), y su ejecución se realiza en alianza con la Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña (UFPSO), el Instituto (CAPAZ), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Gobernación de Santander, el Centro Latinoamericano del Propósito (CLAP) y la Red de Mujeres del Catatumbo.
Puede revivir el simposio en el siguiente video:
