Por Ricardo Jaramillo P.
Cada año en Colombia 200 mil personas dejan todas sus pertenencias atrás para huirle a la violencia. El 85% de esos seres que se trasladan a las zonas urbanas, vive con necesidades básicas insatisfechas. En los tres últimos años se han cometido en el país más de 600 mil delitos de desplazamiento, de los cuales sólo el 1% fue investigado, 32 casos identificados y solamente 13 judicializados.
Estas alarmantes cifras las dio a conocer Andrés Celis Neira, oficial de protección de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), durante su conferencia ¿Dinámica del desplazamiento forzado 2004-2006 y evolución de la política pública para su atención¿, realizada el lunes 17 de septiembre por iniciativa de la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad, con ocasión de la celebración del Día nacional de los Derechos Humanos.
En diálogo con Vivir la UNAB, Celis afirmó que pese a que el Estado hace esfuerzos por ayudar a los desplazados, la crítica situación de estos colombianos continúa.
En su conferencia afirmó que en Colombia debe ocurrir una tragedia como la de Bojayá (Chocó) donde 119 personas fueron asesinadas para que la gente diga ¿no más¿, pero eso fue en 2002 y el drama del desplazamiento continúa, ¿entonces qué es lo que está sucediendo?
Simplemente que la sociedad sigue dormida frente a las realidades que vive el país. Y no es el único ejemplo, todos los años tiene que pasar algo y la sociedad reacciona durante un periodo muy corto y ahí se agota su capacidad de reacción frente a tantos hechos que se presentan. La situación sigue siendo tan grave, que por ejemplo en el caso de Bojayá y pese a los esfuerzos del Gobierno por reconstruir el municipio, sus habitantes lo llaman ¿Teveré¿, como queriendo decir que esperan que algún día llegue a ser el mismo municipio.
Dice que Colombia es uno de los países que más recursos asigna a la atención de la población desplazada, pero las cifras dicen que en los últimos tres años más de 600 mil personas han sido desplazadas ¿cuál es su visión al respecto?
Hay que tener en cuenta que hay variables que no define el Gobierno. Hay una situación de violencia en muchas zonas del país que genera el desplazamiento y eso hay que diferenciarlo: obviamente debe haber responsabilidad de las autoridades pero no depende en su totalidad de ellos. Lo que no sería permisible es que los desplazados que ya hay por la existencia del conflicto, no sean atendidos. ¿Qué pasa frente a la respuesta? Pues que estamos hablando por lo menos de dos millones de personas como lo indica el Gobierno, o tres millones como lo indican otras cifras y atender ese número en una situación de poca oferta de empleo y viviendas en las ciudades no es fácil. Lo otro es que no hay integración en las respuestas, si se atiende la educación, no se atiende la salud; si se atiende la salud, no se atiende la vivienda, es decir, no hay algo que sea integral.
¿El Estado puede influir en las causas del desplazamiento?
Puede haber acciones legítimas de las autoridades como el control del orden público que por falta de previsión genere temor en la población o que la pongan en riesgo porque es muy difícil aplicar un plan de contingencia, pero se puede mejorar en eso. Hay una discusión grave sobre responsabilidad en ciertos casos pero creo que es una discusión con la oficina de Derechos Humanos acerca de si hay violencia cometida directamente por funcionarios públicos o no, pero es algo que maneja esa oficina.
Sólo 13 casos judicializados de más de 600 mil delitos de desplazamiento en los últimos tres años en el país.¿Qué le dicen estas cifras?
Es algo que lleva a la reflexión. Hay que sancionar los delitos, porque la impunidad lo que genera es una invitación a seguir cometiendo el delito. Es algo dramático, es responsabilidad de la Fiscalía y del aparato judicial definir cuál es la política anticriminal o de persecución del delito que van a aplicar.
El presidente Uribe Vélez dijo en alguna oportunidad que en Colombia no había conflicto armado. ¿Cuál es la posición de Acnur al respecto?
No puedo hablar frente a una declaración de un presidente de la república. Simplemente, en términos jurídicos, puedo decir la calificación de qué es y qué no es un conflicto y esa calificación no le corresponde a quienes están interviniendo en él, sino que la dan unos términos de hecho. Es una discusión que tiene otras razones, pero solo las autoridades pueden decir cuáles son. Tal vez si aceptan que hay un conflicto, es como si aceptaran que hay una causa que lo genera y que esa causa está ligada a la ineficiencia del Estado, pero creo que es una discusión más de interpretación sobre las causas que sobre el conflicto en sí mismo.
